Por Ramón Ceballo
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Leonel Fernández ha estado salpicado por escándalos, luchas internas y desaciertos en las toma de decisiones, acciones estas que les han mellado la credibilidad ante la ciudadanía.
El sectarismo que caracteriza este Partido lo esta aislando y colocándolo a la defensiva. Esta situación esta opacando su imagen, sobre todo en la lucha anticorrupción.
Las actuaciones del gobierno peledeísta están conduciendo al pueblo, cada día, a un mayor grado de infortunios. La política anticorrupción y de inversión pública de los peledeístas tienen fuertes cuestionamientos, la cual se ha profundizado por confrontaciones en el seno del propio Partido.
Los cuestionamientos comenzaron cuando un decreto del Poder Ejecutivo canceló los abogados que representaban al Estado en el proceso judicial que involucra a funcionarios y dirigentes peledeístas responsables de la aplicación del Programa Eventual de Empleos Mínimos (PEME) del período gubernamental 1996-2000.
Es evidente el nivel de complicidad entre los funcionarios peledeístas responsable de la terminación del edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República, las cuales han sobrepasado lo estimado en decoraciones y mobiliario. Estas sobre valuaciones han sido estimadas como escandalosas, y dejan un legado de corrupción a la vista.
Los gastos en inversiones que el gobierno del PLD viene llevando a cabo han estado sujetos a fuertes cuestionamientos en las últimas semanas: más de 240 millones de pesos destinados a amueblar y decorar el nuevo edificio de la Suprema Corte; el anuncio de que se invertirían 25 millones de dólares para la terminación de una clínica privada en Santiago; la compra del antiguo edificio de Verizon por la suma de mil (1,000) millones de pesos (edificio este que dos años atrás costó 195 millones) y la remodelación de la biblioteca de la Universidad Autónoma, (acabada de inaugurar), son acciones claramente movidas por intereses que buscan comisiones que dejan decenas de millones de pesos.
En la UASD tanto el ex-rector Porfirio García, como el nuevo Roberto Reyna han expresado su extrañeza por la remodelación de la biblioteca, cuando aún no se le había puesto en funcionamiento. Estas decisiones muestran la falta de transparencia del gobierno peledeísta. Se trata de compras e inversiones sin licitación ni concurso. El pueblo dominicano ya comienza a entender que todo esto va dirigido a ganar comisiones en las compras.
El 17 de abril el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Julio César Ventura Bayonet, quedó en cuestionamiento tras ser encontrado en Moca en la finca donde las autoridades aduanales incautaron un cargamento de varios miles de cajas de licores introducidos al país de contrabando, y el general sigue en su misma posición. No ha habido una acción para corregir estos escándalos, por parte del gobierno del PLD, que deje satisfecho al pueblo dominicano.
Los escándalos son tan grandes que han comenzado a producir rechazo hasta en la dirección provincial y los legisladores peledeistas de Santiago.
Son pocos los dominicanos que justifican que el Estado destine a proyectos como estas sumas de dinero tan grande en medio de una crisis económica sin proporciones antes vista.
El espectro de la corrupción corre de un lado al otro en las inversiones del gobierno peledeísta.
Lo que llama al final la atención en todo esto es que los personajes vinculados a todos estos actos de corrupción han terminado siendo estrechos amigos del famoso "Quirino". Se ha llegado a decir públicamente que dinero del extraditado fue usado para financiar la compra de parte de los muebles del edificio de la SCJ entre otras cosas.
La señora Gómez admitió públicamente que decoró apartamentos de Quirino por 8 millones de pesos, el subsecretario de Obras Públicas Polibio Michel aceptó que vendió dos apartamentos al acusado de narcotráfico, y el abogado de este denunció que parte del mobiliario adquirido para la SCJ fue incautado en uno de los almacenes de Quirino Paulino.
