Por Dr. Ramón Ceballo
Uno de los crímenes que más conmociona a la sociedad
es cuando una madre, la figura culturalmente asociada al amor y al cuidado,
envenena o asesina a sus propios hijos. Estos hechos despiertan horror y
preguntas profundas: ¿qué puede llevar a una madre a destruir la vida que ella misma
dio?
En República Dominicana, cada vez más casos estremecen a la opinión pública: madres que envenenan o asesinan a sus propios hijos. Estos episodios, lejos de ser meras tragedias aisladas, evidencian una realidad mucho más profunda y dolorosa: el colapso de la atención en salud mental.
Según la American Psychiatric Association (APA, 2021),
los casos de filicidio representan entre el 2 % y el 4 % de los homicidios en
el mundo. Estudios en Estados Unidos revelan que, de cada 100 homicidios
cometidos contra menores de edad, en casi el 60 % de los casos los responsables
son los padres biológicos, y en una proporción importante las madres (Putkonen
et al., 2016).
En República Dominicana, aunque no existe una
estadística oficial específica sobre filicidios, informes del Observatorio de
Seguridad Ciudadana (2023) indican que el 37 % de los homicidios de menores
ocurren en el contexto intrafamiliar, lo que incluye a madres, padres y
padrastros.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023),
más de 280 millones de personas en el mundo sufren depresión. En nuestro país,
estudios recientes estiman que alrededor del 20 % de la población padece algún
tipo de trastorno mental, y que más de la mitad de los suicidios están
relacionados con cuadros depresivos (Acento, 2023; El Dinero, 2023).
Pese a ello, la inversión pública en este renglón sigue siendo mínima,
apenas un 2 % del presupuesto sanitario, lo que deja a miles de familias sin
apoyo psicológico ni programas preventivos.
La violencia filicida, madres que asesinan a sus
hijos, está directamente vinculada a tres factores críticos: depresión posparto
no tratada, crisis económicas que generan desesperación y traumas psicológicos
previos sin atención médica.
La combinación de desesperación económica y social,
violencia de género y adicciones crea un terreno fértil para
estas tragedias. La pobreza extrema y la falta de oportunidades llevan a muchas
madres a sentir que sus hijos “no tienen futuro”: en República Dominicana, aún
un 18
% de la población vive bajo el umbral de la pobreza (Banco Central, 2024).
A esto se suma que, en numerosos casos, los niños son usados como
instrumentos de venganza en medio de conflictos de pareja; de hecho, la Procuraduría
General de la República (2022) advierte que más del 70
% de los homicidios de mujeres e hijos está vinculado a disputas conyugales.
Finalmente, el consumo de alcohol y drogas agrava la situación, al nublar el
juicio y detonar reacciones violentas en hogares ya marcados por la violencia
intrafamiliar.
En países con sistemas de salud robustos, estas
señales de alarma son detectadas y atendidas con protocolos de intervención; en
cambio, en República Dominicana pasan desapercibidas hasta que estalla la
tragedia.
Las cifras muestran el contraste: mientras la tasa de
pobreza monetaria ha bajado a 18 % bajo la actual gestión (Banco Central, 2024)
y el turismo supera los 10 millones de visitantes (MITUR, 2024), los servicios
de salud mental siguen en un abandono estructural. Este descuido estatal no
solo profundiza la desesperanza, sino que convierte a hogares vulnerables en
campos de muerte y dolor.
No se trata de justificar a las madres que cometen
estos crímenes atroces. Se trata de reconocer que detrás de cada caso existe
una cadena de negligencia oficial, una sociedad que estigmatiza la depresión y
un Estado que prefiere mirar hacia otro lado. Los niños que hoy mueren
envenenados o golpeados son víctimas directas de un sistema de salud mental en
ruinas.
Si el Gobierno no asume este problema como una
prioridad de seguridad nacional, los titulares seguirán repitiéndose: madres
que matan, hijos que mueren, un país que calla. Y ese silencio es también cómplice.
