Por Dr. Ramón Ceballo
En la República Dominicana, hablar de salud mental es una
conversación incómoda, muchas veces postergada o directamente ignorada.
El tema se evade en los hogares, se minimiza en las escuelas y se relega en las políticas públicas, a pesar de su impacto profundo y creciente en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
La salud mental no es un lujo ni una moda: es la base del bienestar emocional, psicológico y social de cada individuo.
Influye
en cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con los demás.
La deuda histórica con quienes padecen en silencio ya
no puede seguir siendo postergada. Saldarla requiere compromiso
institucional y un cambio profundo en la cultura social.
En la sociedad dominicana, aún persiste la idea de que acudir a
terapia es “cosa de locos” o un signo de debilidad.
La salud mental es un derecho público y establece que la
atención debe integrarse al sistema general de salud, con un enfoque comunitario
y centrado en la persona, según la Ley 12-06.
Según la Organización Panamericana de la Salud, más del 20 % de
la población dominicana sufre un trastorno mental a lo largo de su vida. La
depresión, la ansiedad, el estrés crónico y las adicciones encabezan la lista
de afecciones más comunes.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda como referencia general un mínimo de 10 psiquiatras
por cada 100,000 habitantes en los países con sistemas de salud desarrollados.
La OMS y
estudios regionales posicionan a América Latina con cifras muy por debajo de
los estándares internacionales, y la República Dominicana no es la excepción.
En República
Dominicana hay unos 210 psiquiatras, lo que representa aproximadamente 2 psiquiatras por cada
100,000 habitantes, cifra significativamente por debajo de los
estándares recomendados internacionalmente.
Para que la salud mental deje de ser un privilegio y se
convierta en un derecho real, es imprescindible que el Estado y la sociedad
civil adopten un compromiso firme y sostenido, en base a
1.
Incrementar el
presupuesto: Asignar al menos el 5 % del gasto en salud a salud mental, incluyendo
infraestructura, profesionales y programas preventivos.
2.
Descentralizar la
atención: Incorporar psicólogos, orientadores y trabajadores sociales a la red
de atención primaria, con enfoque territorial.
3.
Prevenir desde la
escuela: Establecer programas de educación emocional en todos los niveles del
sistema educativo.
4.
Implementar una línea
nacional gratuita: Una línea de ayuda psicológica 24/7, accesible por teléfono
y plataformas digitales, para población en crisis.
5.
Combatir el estigma:
Lanzar campañas masivas que normalicen la búsqueda de ayuda y promuevan la
empatía hacia quienes padecen trastornos mentales.
