Por Doctor Ramón Ceballo
Cada año, alrededor de 21 millones
de adolescentes entre 15 y 19 años quedan embarazadas en países de ingresos
bajos y medianos, y cerca de 12 millones de esos embarazos culminan en parto,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque la tasa global de natalidad adolescente ha descendido de 64.5 por cada 1,000 mujeres en el año 2000 a 41.3 en 2023, regiones como África Subsahariana (97.9) y América Latina y el Caribe (51.4) continúan registrando las cifras más altas del mundo.
En América Latina y el Caribe, 1.6
millones de adolescentes dan a luz cada año, lo que convierte a la región en la
segunda con mayor fecundidad adolescente a nivel mundial, superada solo por
África Subsahariana. Esta realidad no se limita a un problema de salud; es
también una señal de desigualdad estructural, exclusión y abandono
institucional.
El Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) estima que el embarazo adolescente representa pérdidas
anuales de USD 15,300 millones en América Latina y el Caribe, es decir, cerca
del 1 % del PIB regional. El 88.2 % de ese costo recae directamente sobre las
jóvenes madres, quienes enfrentan menor escolaridad, empleos precarios y
salarios más bajos.
La evidencia es clara, quienes se convierten en madres durante la
adolescencia tienen menos posibilidades de terminar sus estudios y, al ingresar
al mercado laboral, pueden llegar a ganar hasta tres veces menos que quienes
postergan la maternidad. Este desfase perpetúa la pobreza, afectando no solo a
las madres jóvenes, sino también a sus hijos, atrapando a familias enteras en
un ciclo difícil de romper.
En la República Dominicana, el
panorama es especialmente preocupante. El país se encuentra entre los de mayor
tasa de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe. El 22 % de las
jóvenes entre 12 y 19 años ha estado embarazada, un 34 % por encima del
promedio regional.
En 2019, el 20.4 % de las menores de
19 años ya eran madres, superando la media latinoamericana del 18 %. Además,
una de cada cuatro mujeres (24 %) tuvo su primer hijo antes de los 18 años, y
el 41 % antes de cumplir los 20.
Este fenómeno tiene un alto costo
social y económico. Solo en 2018, el embarazo adolescente le costó al país unos
USD 245 millones (RD$12,151 millones), equivalentes al 0.29 % del PIB.
Más de la mitad de esta cifra
corresponde a pérdidas en educación, lo que confirma cómo la maternidad
temprana interrumpe la formación académica de miles de adolescentes, reduciendo
sus posibilidades de desarrollo y afectando también las finanzas públicas
mediante una menor productividad y recaudación tributaria.
Sin embargo, el origen del embarazo
adolescente no puede explicarse únicamente por la falta de educación sexual o
de acceso a anticonceptivos. Factores estructurales y culturales, como la
normalización del matrimonio infantil, la tolerancia a la violencia de género y
la criminalización absoluta del aborto, colocan a las adolescentes en una
situación de extrema vulnerabilidad, sin autonomía ni garantías reales para
ejercer sus derechos.
Según Human Rights Watch, el
20.5 % de las adolescentes embarazadas en el país no tuvo acceso adecuado a
métodos anticonceptivos, y muchas de ellas terminan enfrentando abortos
clandestinos e inseguros que ponen en riesgo su vida.
Mientras tanto, organizaciones como CONAMUCA
intentan ofrecer una respuesta desde lo local mediante clubes juveniles que
promueven la educación sexual, la autoestima y los derechos reproductivos en
zonas rurales. Sin embargo, sus esfuerzos resultan insuficientes frente a un
Estado que aún no asume plenamente su responsabilidad en la prevención.
La relación entre embarazo precoz y
pobreza es simbiótica: la falta de oportunidades y educación conduce a
maternidades tempranas, y estas, a su vez, profundizan la exclusión social y
económica. Romper este círculo no es solo una necesidad sanitaria, sino una
obligación moral y estratégica.
La experiencia de países como
Argentina demuestra que es posible reducir la fecundidad adolescente mediante
políticas públicas efectivas. Allí, la tasa se redujo del 13.1 % en 2010 al 6.4
% en 2022 gracias a la implementación de educación sexual integral,
distribución gratuita de anticonceptivos y programas de acompañamiento escolar.
Invertir en prevención no solo es
éticamente justo; también es económicamente inteligente. Por cada dólar
destinado a salud sexual y reproductiva, el retorno puede oscilar entre USD 15
y USD 40, dependiendo del contexto del país.
La República Dominicana necesita con
urgencia una respuesta estatal integral, basada en derechos humanos y con
enfoque de género. Mientras el embarazo adolescente siga anclado a la pobreza,
el país continuará hipotecando el futuro de miles de niñas y condenando a
nuevas generaciones a repetir el mismo ciclo de exclusión.
Romper con esta realidad requiere de una respuesta política firme,
integral y basada en derechos. Entre las acciones urgentes que deben
implementarse se incluyen: garantizar una educación sexual integral en las
escuelas y comunidades; asegurar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos
modernos.
También, despenalizar el aborto al menos en las tres causales; proteger
a las adolescentes de matrimonios forzados y de la violencia sexual; y
establecer políticas que les permitan a las jóvenes madres continuar sus
estudios sin discriminación ni obstáculos.
Sin estos pasos, cualquier esfuerzo será insuficiente para enfrentar una
problemática que compromete no solo la vida de las niñas, sino también el
desarrollo del país.
