Por Doctor Ramón Ceballo
Cada año, alrededor de 21 millones de adolescentes entre
15 y 19 años en países de ingresos bajos y medianos quedan embarazadas, y cerca de 12 millones de esos
embarazos culminan en parto, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Aunque la tasa global de natalidad adolescente ha descendido de 64.5 por cada 1 000 en el año 2000 a 41.3 en 2023, regiones como África Subsahariana (97.9) y América Latina y el Caribe (51.4) siguen liderando las cifras más alarmantes.
Solo en América Latina y el Caribe, 1.6 millones de adolescentes dan
a luz cada año, lo que convierte a la región en la segunda con
mayor fecundidad adolescente en el mundo, superada únicamente por África
Subsahariana. Este fenómeno no es solo un asunto sanitario: es también un
problema estructural que alimenta la pobreza y limita el desarrollo humano.
El Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) estima que el embarazo adolescente
genera en América Latina y el Caribe pérdidas anuales de USD 15.3 mil
millones, aproximadamente 1 % del PIB regional. La mayor parte
de este costo, un 88.2 %, recae directamente
sobre las jóvenes madres en forma de menor educación, empleos precarios y
salarios reducidos.
La evidencia es clara: quienes tienen su primer hijo
durante la adolescencia alcanzan niveles de escolaridad más bajos y, al
incorporarse al mercado laboral, pueden llegar a ganar hasta tres veces menos que las
mujeres que retrasaron la maternidad. La consecuencia inmediata es la
transmisión de la pobreza de una generación a otra, atrapando a familias
enteras en un ciclo difícil de romper.
La
República Dominicana se encuentra entre los de mayor tasa de embarazo adolescente en América Latina
y el Caribe. Las estadísticas son
contundentes:
·
22 % de las jóvenes entre 12 y 19
años ya han estado embarazadas, un 34 % por
encima del promedio regional.
·
En 2019, el 20.4 % de las menores de 19 años eran madres, superando
la media latinoamericana (18 %).
·
1 de cada 4 mujeres (24 %) tuvo
un hijo antes de los 18 años, y casi la mitad (41 %) antes de
los 20.
El impacto económico tampoco es menor. En 2018, el
embarazo adolescente representó USD 245 millones en pérdidas (RD$12,151 millones), equivalentes al 0.29 % del PIB
nacional. De ese monto, más de la mitad correspondió a pérdidas educativas,
confirmando que la maternidad temprana empuja a miles de adolescentes a
abandonar la escuela, reduciendo ingresos futuros y las contribuciones fiscales
al Estado.
Entre la
pobreza y la falta de derechos, el embarazo precoz en la República Dominicana
no se explica solo por la falta de acceso a anticonceptivos o educación sexual.
También se sostiene en un entramado cultural y legal que normaliza el matrimonio infantil, tolera la violencia
de género y mantiene criminalizado el aborto en todas sus causales.
De acuerdo con Human Rights Watch, esta combinación de factores coloca a
las adolescentes en un estado de vulnerabilidad extrema: un 20.5 % queda embarazada sin
acceso adecuado a métodos anticonceptivos, muchas veces
forzadas a enfrentar abortos clandestinos e inseguros que ponen en riesgo sus
vidas.
Organizaciones comunitarias como CONAMUCA intentan
revertir esta realidad a través de clubes juveniles que brindan educación
sexual, refuerzan la autoestima y promueven los derechos reproductivos en
comunidades rurales. Sin embargo, sus esfuerzos resultan insuficientes frente a
un Estado que continúa relegando la prevención y la protección de la niñez.
Romper el
círculo es una deuda pendiente, porque, la relación entre embarazo precoz y
pobreza es simbiótica y devastadora, la falta de oportunidades
y educación conduce a la maternidad temprana, que a su vez profundiza la
pobreza intergeneracional.
La salida existe y está probada. Países como Argentina
redujeron la tasa de embarazo adolescente del 13.1 % en 2010 al 6.4 % en 2022
gracias a políticas públicas enfocadas en educación sexual integral,
distribución de anticonceptivos y programas de acompañamiento escolar.
Invertir en prevención no solo es una obligación
ética, sino también una estrategia económica inteligente: por cada dólar
invertido en salud sexual y reproductiva, el retorno puede variar entre USD 15 y USD 40,
dependiendo del país.
El Estado dominicano necesita con
urgencia una respuesta integral, porque
no se trata solo de un problema de salud pública, sino de justicia social.
Mientras el embarazo precoz siga atado a la pobreza, el país continuará
hipotecando el futuro de miles de niñas y condenando a nuevas generaciones a
repetir el mismo círculo de exclusión, por lo tanto la política debe incluir, entre
otras acciones:
·
Garantizar educación sexual
integral en escuelas y comunidades.
·
Asegurar acceso gratuito a
métodos anticonceptivos modernos.
·
Despenalizar el aborto, al menos
en las tres causales.
·
Proteger a las adolescentes de
matrimonios forzados y violencia sexual.
·
Crear políticas que permitan a
las jóvenes madres continuar sus estudios.
