Por un Pacto Nacional por la Salud Mental en República Dominicana
Por Dr.
Ramón Ceballo
La salud mental en la República Dominicana ya no puede seguir siendo el eslabón olvidado del sistema sanitario. Con una estimación de que cerca del 20 % de la población padece algún trastorno mental. En 2024 se registraron 651 suicidios, un promedio de 54 por mes, y más de la mitad de esos casos (59,5 %) estuvieron relacionados con trastornos mentales.
Además, la prevalencia de
trastornos de ansiedad se estima en 5,7 % y la de depresión en 4,7
%, cifras que reflejan una tendencia sostenida al alza. A esto se
suman las muertes por accidentes de tránsito, muchas de las cuales están
asociadas a factores de salud mental como el estrés, la impulsividad, la fatiga
o el consumo de sustancias.
Estos datos confirman que el deterioro
del bienestar psicológico no solo afecta la vida emocional de las personas,
sino que también incide directamente en la seguridad vial, la productividad y
la estabilidad social del país.
La violencia extrema, expresada en
feminicidios, filicidios e infanticidios, constituye una de las manifestaciones
más dolorosas de la crisis de salud mental que atraviesa la República
Dominicana. En los últimos quince años, más de 1 300 mujeres han sido
asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras múltiples casos de padres o
madres que acaban con la vida de sus hijos reflejan patologías mentales sin
diagnóstico ni tratamiento.
A ese fenómeno se suma una tasa de deserción escolar,
que ronda el 12 – 15 % en
secundaria, entre
adolescentes de 15 a 17 años, se agrava por problemas de salud mental como la
depresión y la ansiedad, limitando oportunidades y perpetuando desigualdades. la
falta de cobertura laboral significativa en salud mental favorece el ausentismo
y la precariedad, lo que agrava aún más el panorama.
Cada caso revela la ausencia de atención
temprana, la debilidad de las redes comunitarias y un sistema de salud mental
colapsado, la urgencia de actuar es manifiesta.
Estas tragedias, marcadas por el
desequilibrio emocional, la desesperanza y la falta de contención social,
estremecen a la nación y evidencian una profunda fractura en el tejido
psicoafectivo. Cada caso es el reflejo de un Estado ausente, de redes
comunitarias débiles y de un sistema de salud mental en colapso. Las cifras no
admiten demoras, la urgencia de actuar es impostergable.
Otro dato alarmante es el déficit de
profesionales especializados. El sistema público de salud dispone de apenas 467
psicólogos, y a nivel nacional solo existen 210 psiquiatras, muy pocos de ellos
en el sector público, para una población superior a 11 millones de
habitantes. Esta carencia imposibilita una atención adecuada y oportuna,
dejando amplios sectores sin apoyo terapéutico.
La Ley 12-06, que establece los
lineamientos para la atención integral en salud mental, permanece prácticamente
incumplida por la falta de recursos presupuestarios y de personal calificado.
Su inejecución limita los programas de prevención, rehabilitación y protección
de derechos de las personas con trastornos mentales.
A esta precariedad se suma una grave
deficiencia del sistema de seguridad social, que no incluye cobertura para la
atención de salud mental ni para los medicamentos esenciales. Esta exclusión agrava
la crisis, pues quienes requieren tratamiento y seguimiento profesional quedan
desprotegidos, aumentando el riesgo de recaídas, complicaciones y consecuencias
sociales severas.
Cada hecho revela la ausencia de atención
temprana, la debilidad de las redes comunitarias y el colapso del sistema de
salud mental.
Frente a esta realidad, resulta impostergable
un Pacto Nacional por la Salud Mental, que integre al Estado, la
sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas en una
estrategia común. Este pacto debe priorizar la prevención, la atención
integral, la rehabilitación psicosocial y la reinserción comunitaria,
garantizando presupuesto, cobertura, educación emocional y políticas públicas
sostenidas.
La salud mental no puede seguir siendo
tratada como un asunto individual o secundario, sino como un desafío
estructural de Estado. Cada suicidio, cada feminicidio o filicidio
no es solo una tragedia familiar, sino un síntoma de un modelo social que ha
normalizado la indiferencia.
Romper ese silencio institucional y social es
hoy un deber moral. Apostar por la salud mental es apostar por la vida, por la
convivencia y por la dignidad humana en el corazón mismo de la República
Dominicana.
