Treinta años de promesas de cooperación que, en la práctica, han reafirmado la dependencia política y económica de América Latina
Por Doctor Ramón Ceballo
Desde que en 1994 se celebró en Miami la primera Cumbre de las Américas, bajo el auspicio de Estados Unidos, se instaló la idea de que el continente podría avanzar hacia una integración democrática y económica basada en principios comunes.
Aquella cita marcó el inicio de un
ambicioso proyecto: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con el
cual Washington buscaba extender su modelo económico neoliberal a todo el
hemisferio.
El discurso de cooperación que emanó
de Miami se presentó como una oportunidad histórica para unir a las naciones
del continente. Sin embargo, detrás de la retórica integradora se escondía una
agenda que privilegiaba los intereses comerciales y geopolíticos de Estados
Unidos.
Las Cumbres, lejos de constituir
espacios de equidad, se transformaron en escenarios donde la Casa Blanca ha
intentado imponer su visión de desarrollo y gobernanza.
Uno de los momentos más relevantes
en la historia de estas cumbres fue la Cumbre
de Quebec, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001, donde se aprobó la Carta Democrática Interamericana,
instrumento político e institucional que buscó fortalecer los valores
democráticos, los derechos humanos y la justicia social en la región.
En ese mismo encuentro se adoptó un Plan de Acción Hemisférico, orientado
a promover la integración política y económica, el fortalecimiento
institucional y la lucha contra la corrupción.
A pesar de su trascendencia formal,
la aplicación de la Carta ha sido desigual: se ha utilizado como herramienta de
presión política contra gobiernos que desafían la hegemonía estadounidense,
mientras se han ignorado rupturas democráticas en países aliados.
Desde 1998, la Organización de los Estados Americanos (OEA)
asumió un papel central en la coordinación
y seguimiento de las Cumbres de las Américas, creando la Secretaría de Cumbres dentro de su
estructura institucional.
Este organismo se encarga de
organizar las reuniones ministeriales, articular el diálogo político y dar
continuidad a los compromisos adoptados. No obstante, su papel ha sido cuestionado
por mantener una dependencia estructural respecto a Washington, tanto en su
financiación como en su orientación diplomática.
El proyecto del ALCA, símbolo de la
hegemonía estadounidense, fue sepultado en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, 2005), cuando líderes
como Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva denunciaron su
carácter neocolonial.
Aquel encuentro, centrado en el
empleo y la desigualdad, estuvo marcado por la oposición popular a la presencia
del presidente George W. Bush. Las protestas masivas y la contracumbre de los
pueblos, encabezadas por Chávez y Diego Maradona, simbolizaron la resistencia
frente al tutelaje económico del Norte y el viraje político de la región hacia
una mayor autonomía.
Uno de los intentos más recientes de
renovar la legitimidad del proceso fue la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima en 2018, que adoptó el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”.
El documento estableció lineamientos
concretos para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción mediante
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Pese a su contenido
progresista, el Compromiso de Lima ha tenido escasa implementación práctica,
debido a la falta de voluntad política y a los intereses cruzados de los
gobiernos participantes.
En la Cumbre de Los Ángeles (2022), el tema central fue la migración. La Declaración sobre Migración y Protección se presentó como un
avance en la gestión compartida de las crisis migratorias regionales.
Sin embargo, el texto eludió
discutir las causas estructurales de esos desplazamientos: la pobreza, la
violencia y la falta de oportunidades generadas, en buena medida, por el propio
modelo económico que Estados Unidos ha impulsado en la región.
De nuevo, el resultado fue una
declaración más simbólica que transformadora, centrada en el control fronterizo
y la seguridad, pero sin atacar las raíces sociales y económicas del fenómeno.
Las Cumbres se presentan como
espacios de diálogo entre iguales, pero nunca han sido foros horizontales.
Estados Unidos las utiliza para reafirmar su liderazgo político en una región
que históricamente considera su “zona de influencia”.
Treinta años después, estos
encuentros se han convertido en escenarios donde el discurso de la cooperación
encubre una relación profundamente asimétrica: Washington impone los temas, el
ritmo y los límites del debate.
Cada exclusión o veto, como los
casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, demuestra que las Cumbres no son espacios
de pluralidad, sino instrumentos de legitimación selectiva. América Latina,
además, asiste dividida, sin estrategia común ni articulación regional.
La fragmentación entre gobiernos
progresistas y conservadores ha debilitado la posibilidad de construir una
posición autónoma, dejando el terreno libre para que Estados Unidos controle la
agenda y el resultado.
En la práctica, las Cumbres han funcionado más como escenografía diplomática que como motor de transformación. Producen documentos impecables en el lenguaje de la cooperación, pero sin mecanismos vinculantes, sin recursos financieros suficientes y sin compromisos verificables.
En cada edición se repiten promesas de desarrollo sostenible,
equidad de género y protección ambiental, mientras los problemas estructurales,
desigualdad, pobreza, violencia institucional y migración masiva, permanecen
intactos.
El contraste entre el discurso y la
realidad es evidente: las Cumbres han servido más para consolidar el liderazgo
de Estados Unidos que para empoderar a América Latina. Treinta años después, el
proceso refleja un continente diverso, fragmentado y dependiente, donde la
retórica del diálogo no logra traducirse en soberanía ni equidad.
La verdadera integración continental
no nacerá de cumbres convocadas desde el Norte para imponer obediencia, sino de
una decisión política colectiva desde el Sur: una América Latina que hable con
su propia voz, sin tutelas ni permisos.
Solo cuando los pueblos
latinoamericanos construyan mecanismos autónomos de cooperación, independientes
de la tutela de Washington, la integración dejará de ser un ideal retórico y se
convertirá en una realidad concreta.
Ese será el día en que las Cumbres
dejen de servir al poder y comiencen a servir a los pueblos.
