Un vacío estructural que perpetúa la desigualdad y el sufrimiento silencioso
Por Ramón Ceballo
Para publicación en medio digital
En República Dominicana, hablar de salud mental sigue siendo
casi un acto de resistencia. A pesar del incremento alarmante de los trastornos
psicológicos, ansiedad, depresión, adicciones, violencia doméstica y suicidios,
el Plan Básico de Salud (PBS) aún no incluye de manera integral
los servicios de salud mental.
Esta exclusión no solo refleja un rezago institucional, sino también una visión limitada de la salud, donde lo emocional y lo psicológico siguen siendo tratados como asuntos secundarios o de lujo.
El diseño del sistema de salud dominicano, establecido por
la Ley 87-01, priorizó la atención médica tradicional sobre la
prevención y el bienestar emocional. El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL) aún no han desarrollado un esquema que garantice la
cobertura continua de consultas psicológicas, terapias familiares o
tratamientos psiquiátricos.
Lo poco que el PBS cubre en materia mental suele limitarse
a emergencias agudas o
internamientos breves, dejando fuera la atención preventiva y el
acompañamiento terapéutico. El resultado es un sistema que solo actúa cuando la crisis ya es
irreversible.
La exclusión de la salud mental también responde a un profundo
estigma cultural. En amplios sectores de la sociedad dominicana persiste la
idea de que los problemas mentales son debilidades personales o fallas morales.
Esa visión retrógrada impide que se exijan políticas públicas efectivas y ha
dejado el campo abierto a la privatización
de la atención psicológica.
Las consultas privadas y los medicamentos psiquiátricos se
convierten así en un negocio
inaccesible para la mayoría. Los seguros complementarios ofrecen
coberturas “premium” para atención psicológica, pero solo a quienes pueden pagarlas.
En consecuencia, la desigualdad se amplifica: quienes tienen recursos reciben
apoyo, mientras los más vulnerables son abandonados al silencio o al deterioro
emocional.
Las estadísticas son elocuentes y preocupantes. Según datos
del Ministerio de Salud Pública
(2024) y de la OMS, los trastornos
mentales afectan a más del 20 % de la población dominicana, lo que
equivale a más de dos millones 400
mil personas con algún tipo de afección psicológica o psiquiátrica.
La Organización
Panamericana de la Salud (OPS) advierte, además, que República Dominicana figura entre los países
del Caribe con mayores tasas de suicidio juvenil, reflejo directo de la
falta de acceso a servicios de prevención y atención oportuna.
Las consecuencias sociales de esta omisión estatal son múltiples
y devastadoras, el aumento de los feminicidios, filicidios y hechos de violencia doméstica y comunitaria;
el incremento del ausentismo
laboral y la baja
productividad; la deserción
escolar de adolescentes afectados por depresión o ansiedad; y la
incidencia creciente de accidentes
de tránsito y laborales relacionados con el estrés, el insomnio y
los trastornos emocionales no tratados.
En conjunto, estos fenómenos revelan que la exclusión de la
salud mental del sistema público no
es solo un problema sanitario, sino una crisis social de gran magnitud,
cuyos costos humanos y económicos se multiplican cada año ante la indiferencia
de las autoridades.
Se hace necesaria una reforma impostergable, para Incluir la
salud mental en el Plan Básico de Salud, pues ya no es un lujo, es una
necesidad. No puede haber salud sin
salud mental, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La cobertura debe contemplar consultas psicológicas, terapias
individuales y grupales, acceso a medicamentos, hospitalización y programas
comunitarios de prevención.
Asimismo, urge fortalecer la red pública de atención psicológica, dotando de personal especializado a los hospitales regionales y de tercer nivel, en los cuales deben crearse unidades de intervención en crisis, y garantizar el acceso gratuito a tratamientos para personas de escasos recursos.
Esta es una deuda del Estado dominicano, porque negar la
atención en salud mental a una población de mas de dos millones de dominicanos,
es negar la humanidad de las personas. En una sociedad atravesada por la
violencia, la desigualdad y la precariedad, el sufrimiento emocional se
convierte en un problema colectivo.
Por eso, la exclusión de la salud mental del plan básico no es
solo una falla técnica: es una
deuda moral y social del Estado dominicano con su pueblo.
La inversión en salud mental no debe verse como un gasto, sino
como una apuesta por la cohesión
social, la productividad y la dignidad humana. Incluirla en el PBS sería
un paso histórico hacia un modelo de bienestar más justo, humano y
equitativo.
Mientras la salud mental siga fuera del sistema, miles de dominicanos seguirán sufriendo en silencio, invisibles ante las estadísticas y olvidados por las políticas públicas.
¿Que
dice el gobierno y los líderes políticos
que aspiran a dirigir el Estado?
