Por Ramón Ceballo
El partido que prometió el cambio
enfrenta el reto más serio a su credibilidad: los vínculos de sus dirigentes
con el narcotráfico y la falta de un deslinde político y ético frente al crimen
organizado.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), nació como una alternativa ética frente al deterioro del sistema político partidario dominicano, atraviesa una profunda crisis de legitimidad.
Los reiterados casos de dirigentes y
funcionarios vinculados a redes del narcotráfico han erosionado su discurso de
cambio y puesto en duda su compromiso con la transparencia.
Desde 2020, las investigaciones contra
alcaldes, diputados y aspirantes del PRM por tráfico de drogas, lavado de
activos y vínculos con estructuras criminales internacionales han dejado al
descubierto una preocupante realidad, la penetración del dinero ilícito en la
política dominicana no distingue colores partidarios.
Sin embargo, lo que agrava la situación
es la respuesta institucional del propio partido, el silencio, la evasión y la
ausencia de autocrítica.
La dirección del PRM ha optado por
reducir estos hechos a “responsabilidades individuales”, eludiendo toda
reflexión sobre sus causas estructurales.
Esta postura contradice la esencia de un
partido que se presentó como garante de la ética pública.
No basta con esperar decisiones
judiciales; se requiere voluntad política para depurar las estructuras internas
y establecer controles éticos reales que eviten la repetición de estos
escándalos.
En medio de este contexto, el
presidente Luis
Abinader ha mostrado una postura firme. Ha defendido
la independencia del Ministerio Público y ha permitido investigaciones que
alcanzan incluso a figuras de su entorno político, rompiendo con una tradición
de encubrimiento.
Su actuación refleja la voluntad de
enfrentar el narcotráfico como un desafío de Estado.
Sin embargo, su liderazgo se ve
debilitado por la falta de compromiso ético de la base partidaria que lo
sustenta, lo que genera una brecha entre el discurso presidencial y la conducta
institucional del PRM.
El problema no se reduce a casos
aislados, revela una falla estructural en el sistema político dominicano, donde
el financiamiento irregular, el clientelismo y la impunidad permiten que el
crimen organizado se disfrace de poder local.
Si el PRM no actúa con transparencia
y valentía moral, terminará reproduciendo los mismos vicios que dijo combatir.
El narcotráfico no solo corrompe las
instituciones; corroe la esperanza. Y en política, cuando la ética se debilita,
la democracia pierde su alma.
El PRM aún está a tiempo de rectificar,
pero el silencio no puede seguir siendo su respuesta.
Porque quien calla ante el crimen no
gobierna, apenas administra la sombra del poder.
