Por Doctor Ramon Ceballo
Las violaciones sexuales cometidas por varios agresores a la vez se han convertido en una de las formas más crueles y alarmantes de violencia machista contemporánea. Lejos de ser episodios aislados o simples “excesos” bajo efectos del alcohol, se trata de crímenes muchas veces planificados, reforzados por dinámicas de grupo, impulsados por el deseo de dominar y humillar a la víctima y agravados por un fenómeno reciente y perturbador, la grabación y difusión de las agresiones.
Más que violencia sexual: dominación colectiva
En estos ataques, los agresores suelen experimentar un proceso de desindividualización, es decir, sienten que la responsabilidad del acto se diluye entre todos, lo que reduce su inhibición y los impulsa a actuar con mayor brutalidad.
El objetivo va más allá de la gratificación sexual: se busca demostrar poder, reafirmar la masculinidad en grupo y ejercer un control absoluto sobre el cuerpo y la voluntad de la víctima.
Este tipo de delitos es especialmente grave porque combina violencia física, psicológica y simbólica, todo amplificado por la exposición pública y la viralización digital del abuso.
El trauma no termina: revictimización digital
Cada vez es más común que estas agresiones sean filmadas por los mismos atacantes. Los videos funcionan como trofeos: se comparten en chats privados, redes sociales o plataformas clandestinas, convirtiéndose en una forma de pornografía no consentida. Para la víctima, esto implica revivir el trauma constantemente, con el miedo permanente a que el video reaparezca.
Además, esta práctica refuerza la complicidad entre los agresores, que convierten el acto violento en un espectáculo que los une y los valida como grupo. Se trata de una cultura de la violación que banaliza el consentimiento, convierte el sufrimiento en contenido y normaliza lo intolerable.
El caso dominicano: cifras que alarman
En República Dominicana, las estadísticas más recientes confirman la magnitud del problema:
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Solo en el primer semestre de 2025, se registraron 3,329 denuncias por delitos sexuales, incluyendo 583 violaciones sexuales y 1,043 agresiones sexuales, según datos oficiales del Ministerio Público.
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En total, entre enero y junio, se reportaron 31,908 denuncias relacionadas con violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, reflejando un patrón sostenido de agresiones contra mujeres y niñas.
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Un alto porcentaje de las víctimas son menores de edad, y muchas veces los agresores pertenecen al entorno familiar o social cercano.
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Aunque no hay cifras públicas específicas sobre violaciones en grupo, varios casos recientes han generado gran repercusión mediática, revelando patrones comunes: agresores jóvenes, uso de alcohol o drogas, grabación del hecho, y revictimización de la persona agredida.
En comparación con otros países latinoamericanos, República Dominicana se mantiene entre las naciones con tasas elevadas de violencia sexual y feminicidios, aunque la denuncia efectiva sigue siendo baja: solo alrededor del 16% de las víctimas de agresión sexual formaliza una denuncia, según encuestas nacionales.
Más allá del diagnóstico clínico
A diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de los agresores sexuales en grupo no padecen trastornos mentales diagnosticables. No son necesariamente psicópatas ni “monstruos enfermos”, sino productos de una estructura cultural que justifica la violencia como forma de afirmar la masculinidad.
Eso no significa que no existan componentes psicológicos. En algunos casos se observan rasgos de personalidad antisocial, narcisista o incluso sadismo sexual, donde la humillación de la víctima forma parte de la excitación. Pero estos factores no explican por sí solos la violencia: lo esencial es entender cómo el entorno refuerza estas conductas.
La doble impunidad: legal y social
Una de las principales barreras para enfrentar este fenómeno es la impunidad estructural. Muchas veces, las víctimas no denuncian por miedo, vergüenza, o porque saben que el sistema judicial no siempre actúa con celeridad ni empatía. Cuando hay grabaciones, la situación se agrava: el material se vuelve viral antes de que exista una respuesta legal.
En países como España o Argentina ya existen leyes específicas que penalizan con severidad tanto la violación grupal como la grabación y difusión no consentida de contenido íntimo. En República Dominicana, aún falta avanzar en este terreno. La legislación contempla los delitos sexuales y la difusión ilícita de imágenes, pero los mecanismos de persecución y protección a las víctimas siguen siendo limitados.
¿Qué hacer frente a esta realidad?
Enfrentar las violaciones sexuales en grupo requiere una respuesta integral. No basta con castigar a los culpables: hay que cambiar el entorno que permite, tolera o minimiza estas agresiones. Las propuestas incluyen:
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Reformas legales que reconozcan la gravedad de la agresión grupal y tipifiquen la difusión no consentida de contenido íntimo como delito autónomo.
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Educación sexual integral con enfoque de género, que enseñe desde la infancia el valor del consentimiento, el respeto al cuerpo ajeno y la empatía.
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Campañas públicas que rompan el silencio y estigmas, y promuevan la denuncia sin revictimización.
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Atención psicológica especializada para víctimas de violencia sexual, con protocolos sensibles y efectivos.
Una forma extrema de control patriarcal
Las violaciones en grupo no son hechos aislados ni actos de locura momentánea. Son el reflejo más brutal de una cultura que cosifica el cuerpo femenino, celebra la violencia masculina y convierte el dolor ajeno en entretenimiento.
Combatir este fenómeno no es solo una tarea legal, es una urgencia ética. Implica reconocer que el problema no está únicamente en los individuos que agreden, sino en la sociedad que los forma, los protege y, muchas veces, los justifica.
