Por Dr. Ramón Ceballo
La República Dominicana arrastra una herida profunda que no cicatriza:
en los últimos 15 años, más de 1,320 mujeres han sido asesinadas por razones de
género. No se trata de cifras aisladas, sino de la expresión más brutal de un
sistema que combina desigualdad, machismo estructural e instituciones fallidas,
incapaces de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
Cada feminicidio representa mucho más que una estadística. Deja hogares destruidos, hijos huérfanos, familias sumidas en el duelo y comunidades marcadas por el miedo. Lo más doloroso es que muchas de estas mujeres buscaron ayuda, denunciaron a sus agresores y, aun así, fueron asesinadas. El Estado actuó tarde o, sencillamente, no actuó.
Detrás de cada caso se repite un patrón alarmante de
inacción institucional y promesas incumplidas. La respuesta estatal ha sido
mayoritariamente reactiva, enfocada en sancionar —cuando lo hace, pero sin
asumir un compromiso real con la prevención.
Mientras las autoridades hacen anuncios y presentan estrategias, la
violencia sigue creciendo. Las cifras oficiales lo confirman: más de 125
mujeres fueron asesinadas en 2010 y 2011, 107 en 2016 y 2017, 68 en 2023 y 71
en lo que va de 2024.
Estos datos no solo evidencian una crisis persistente, sino que revelan
fracasos concretos del sistema: denuncias ignoradas, víctimas desprotegidas y
agresores que permanecen impunes. Cada una de estas muertes refleja un Estado
que llega tarde, o no llega.
El feminicidio es el asesinato de una mujer motivado
por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer en una
sociedad que naturaliza la violencia, el control y la desigualdad. No todos los
homicidios de mujeres se clasifican como feminicidios, pero todo feminicidio
constituye una forma extrema de violencia de género. Reconocerlo como tal es
clave para entender su dimensión estructural.
Existen diversas tipologías: el feminicidio íntimo, cometido por parejas
o exparejas; el familiar, perpetrado por miembros del entorno doméstico; el no
íntimo, a manos de desconocidos; y el sexual sistemático, vinculado a redes de
trata o a formas organizadas de violencia sexual.
Nombrar este crimen por su nombre no es un tecnicismo: es un acto
político y de justicia, que permite visibilizar sus causas profundas, exigir
respuestas eficaces del Estado y promover políticas públicas con enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género.
Según datos de la CEPAL, en 2021 la República Dominicana registró 2.7 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Aunque en 2023 la cifra descendió ligeramente a 2.4, sigue siendo alarmante.
Esta tasa ubica
al país por encima del promedio regional de América Latina (1.8) y también del
promedio mundial, que oscila entre 1.3 y 2.2, según el informe de la UNODC de
2022. Si bien países como Honduras, El Salvador y Bolivia encabezan los índices
más elevados, la República Dominicana continúa entre los lugares más peligrosos
del continente para ser mujer.
Esta realidad no admite matices: refleja una crisis sostenida de
violencia de género y una falla estructural del Estado en su deber de proteger
la vida de las mujeres.
Hablar de feminicidios es ir más allá del hecho
violento; es mirar de frente las raíces que lo posibilitan y perpetúan. En el
núcleo de esta problemática están el machismo y la cultura patriarcal, que
desde la niñez enseñan a los hombres a dominar y a las mujeres a someterse,
reproduciendo relaciones de poder desiguales.
A ello se suma un sistema de justicia ineficaz, donde las denuncias no
prosperan, los procesos se estancan y los agresores permanecen libres. La
ausencia del Estado también se refleja en la falta de refugios adecuados, de
atención psicológica oportuna y de acceso a asesoría legal gratuita. La pobreza
y la desigualdad económica intensifican la violencia, al limitar las opciones
de muchas mujeres para romper con el ciclo de abuso.
Y a todo esto se suma una sociedad que aún considera que los conflictos
de pareja deben resolverse en privado, normalizando así la violencia. Estas
condiciones no son fortuitas: forman el terreno fértil donde el feminicidio se
produce y se repite.
El feminicidio no es un crimen aislado, es el desenlace fatal de una cadena de violencias que la sociedad y el Estado han tolerado durante demasiado tiempo. Mientras se siga tratando como un "asunto privado" y no como la emergencia nacional que es, las víctimas seguirán acumulándose.
La ausencia de campañas sostenidas, la falta de
educación con perspectiva de género, un sistema judicial indiferente y la
escasa voluntad política siguen alimentando esta tragedia.
Erradicar el feminicidio no se consigue con medidas
fragmentadas ni con discursos vacíos; exige una política de Estado firme,
sostenida y coherente, que enfrente de raíz las causas estructurales de la
violencia contra las mujeres.
Esto implica incluir la educación en igualdad desde las escuelas, para
desmontar los patrones culturales que perpetúan la dominación masculina.
También requiere una justicia especializada, libre de estereotipos, con
capacidad de actuar con celeridad y sensibilidad. Las víctimas deben contar con
una red de protección integral: refugios seguros, atención psicológica adecuada
y asesoría legal accesible.
Y todo esto debe acompañarse de campañas permanentes de sensibilización
y prevención que no solo informen, sino que transformen profundamente la
cultura de tolerancia hacia la violencia. Sin estos pilares, cualquier intento
de combatir el feminicidio será insuficiente.
Cada feminicidio rompe una familia, deja una herida
colectiva y erosiona la democracia. Un país donde las mujeres no pueden vivir
con libertad ni seguridad es un país donde las instituciones también fracasan.
No basta con declaraciones simbólicas cada 25 de noviembre; se necesita
voluntad política real y sostenida.
La pregunta ya no es “¿cuántas más?”, sino:
¿Cuándo
se tomará en serio la raíz de esta violencia?
Porque mientras se siga ignorando la magnitud del
problema, el feminicidio seguirá siendo la forma más cruel y devastadora con la
que el sistema patriarcal condena a las mujeres dominicanas.
|
Año |
Feminicidios registrados |
|
2010 |
128 |
|
2011 |
129 |
|
2012 |
96 |
|
2013 |
85 |
|
2014 |
70 |
|
2015 |
86 |
|
2016 |
107 |
|
2017 |
107 |
|
2018 |
80 |
|
2019 |
77 |
|
2020 |
72 |
|
2021 |
72 |
|
2022 |
72 |
|
2023 | 68 |
|
2024 |
71 |
|
Total
2010–2024 |
1,320 |
Cada estadística representa un fracaso colectivo: una mujer asesinada tras haber pedido ayuda, un sistema judicial indiferente, un Estado que “promete” protección pero no previene.
La violencia feminicida no se combate con discursos ni con leyes que duermen en los archivos; se enfrenta con voluntad política, inversión real en prevención y un sistema judicial libre de impunidad y sesgos machistas.
La República Dominicana no puede
seguir normalizando que decenas de
mujeres sean asesinadas cada año. La educación en igualdad de género, la
atención integral a las víctimas, el fortalecimiento de la justicia y campañas
permanentes de sensibilización deben convertirse en política de Estado, no en
anuncios ocasionales.
Los feminicidios en la República Dominicana son un espejo incómodo: muestran cómo la vida de las mujeres sigue estando en segundo plano frente a la indiferencia institucional. Sin presión social y sin un cambio profundo en la cultura y en las políticas públicas, las cifras seguirán repitiéndose.
El país no puede seguir contando cadáveres como si fueran simples estadísticas.
