Por Dr. Ramón Ceballo
Los accidentes de tránsito se han consolidado como una
crisis de salud pública de gran magnitud en América Latina y el Caribe. La
región presenta una tasa de mortalidad que ronda las 17 muertes por cada
100,000 habitantes, cifra que casi duplica el promedio mundial y evidencia la
gravedad del problema.
Estos siniestros constituyen la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, y la segunda entre niños de 5 a 14 años, reflejando un impacto devastador sobre las generaciones más vulnerables.
A nivel global, se calcula que cada año mueren
alrededor de 1.3 millones de personas por causas relacionadas con accidentes de
tránsito, mientras que entre 20 y 50 millones sufren lesiones, muchas de ellas
con secuelas permanentes que afectan la calidad de vida de las víctimas.
La situación en República Dominicana es particularmente crítica. Entre
2020 y agosto de 2025, el país registró la pérdida de 13,595 vidas debido a
accidentes de tránsito, mientras que 466,264 personas resultaron lesionadas.
Estos siniestros han generado un costo económico estimado en RD$130,000
millones, equivalente al 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), reflejando un
impacto no solo humano, sino también económico considerable.
República Dominicana ocupa el segundo lugar en tasa de
mortalidad vial en la región, con 29,3 muertes por cada 100,000 habitantes,
solo superada por Haití. Esta tasa duplica la media mundial y subraya la
urgente necesidad de fortalecer las políticas y estrategias de prevención.
En el contexto mundial, el país también figura entre
los más afectados cuando se considera la mortalidad por accidentes viales en
proporción a su población.
Las causas más frecuentes que contribuyen a los accidentes de tránsito
en República Dominicana incluyen:
·
Distracciones al volante, especialmente por el uso del
teléfono móvil.
·
Consumo de alcohol, que incrementa hasta cinco veces
el riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente.
·
Exceso de velocidad, la ausencia del casco en
motociclistas, imprudencias al conducir, y deficiencias en la educación y
fiscalización vial.
En respuesta a esta alarmante realidad, en noviembre de 2024 se lanzó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, respaldado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). El mismo representa un avance
fundamental para combatir esta crisis. Sin embargo, su éxito dependerá de una
implementación integral, vigilancia constante, educación ciudadana efectiva y
el compromiso activo de todos los sectores de la sociedad.
Este acuerdo, firmado por 121 entidades públicas y privadas, fue
declarado de alto interés nacional mediante el Decreto 656-24 y establece las
bases para el Plan
Nacional de Seguridad Vial 2025–2030, coordinado por el
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Entre las metas y acciones prioritarias del plan se
incluyen:
·
Incorporar la educación vial en el currículo escolar
para fomentar la cultura preventiva desde temprana edad.
·
Crear una red de patrullaje y supervisión en vías
urbanas y carreteras para mejorar la fiscalización.
·
Digitalizar las multas de tránsito e implementar un
sistema de licencias por puntos para sancionar las infracciones de manera
efectiva.
·
Establecer un Departamento de Atención a Víctimas, que
ofrezca apoyo legal y psicológico a las personas afectadas por siniestros
viales.
El objetivo primordial del Pacto es reducir en un 50 %
las muertes por accidentes de tránsito para el año 2030, con el respaldo
técnico y financiero de organismos internacionales como la OPS/OMS, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
