Por doctor Ramon Ceballo
La historia del sistema eléctrico dominicano no puede contarse sin detenerse en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández.
Pese a su insistencia en proyectar una narrativa de modernización y estabilidad, los datos técnicos, las memorias institucionales y los registros de prensa muestran una realidad menos elegante; durante sus gestiones, el país vivió algunos de los períodos más críticos de apagones masivos, improvisación administrativa y ausencia de planificación de largo plazo.
Su primer gobierno (1996–2000) coincidió con el proceso de capitalización del sector eléctrico, una reforma presentada como la vía hacia la eficiencia y la estabilidad. Sin embargo, aquello que se prometió como un salto hacia la modernidad terminó siendo un laboratorio costoso: la generación se diversificó, sí, pero los apagones se multiplicaron.
Las cifras varían según las fuentes,
pero el panorama es igual de sombrío, entre 17 y 39 apagones nacionales
ocurrieron entre 1996 y 2000. La ciudadanía bautizó ese período, no los opositores,
no los técnicos, sino la gente de a pie, como “la era de los blackouts”.
El
regreso al poder y la continuidad de la crisis (2004–2012)
Aunque el expresidente Leonel
Fernández insiste en proyectar una narrativa de estabilidad eléctrica durante
sus gestiones, los registros periodísticos y técnicos cuentan otra historia.
Solo en su retorno al poder, entre agosto de 2004 y agosto de 2012, se
documentaron múltiples apagones nacionales y fallas de gran escala que evidenciaban
un sistema frágil, mal planificado y sin inversiones estructurales reales.
Esta trayectoria desmonta cualquier
intento de presentar el período de Fernández como una era dorada del sector
eléctrico: los apagones fueron recurrentes, profundos y estructurales, y la
ciudadanía pagó el costo de decisiones improvisadas, endeudamiento acelerado y
ausencia de reformas de fondo.
Por eso,
hoy Leonel Fernández carece de la autoridad moral para cuestionar la crisis
eléctrica actual, pues fue bajo sus propias gestiones cuando el sistema mostró
algunas de sus mayores debilidades históricas.
El deterioro fue evidente desde el
principio. El 24 de agosto de 2004,
apenas semanas después de asumir, una falla en la línea Palamara–Hainamosa
provocó un blackout total, según reportó Diario Libre.
En septiembre de 2004, una
sobrecarga en la red del Cibao tras la salida de varias unidades dejó
nuevamente amplios sectores sin energía.
El 15 de octubre de 2004,
cortes sucesivos se produjeron por disparos de los sistemas de protección de la
ETED.
Y el 18 de diciembre de 2004,
un desbalance de frecuencia causado por la avería de dos generadores generó
otro apagón mayor.
A estos eventos iniciales se
sumaron, entre 2005 y 2012, al
menos ocho apagones nacionales
adicionales, de acuerdo con reportes de prensa e informes técnicos
disponibles. La secuencia completa desmonta cualquier intento de
reinterpretación histórica; los apagones no fueron accidentes aislados, sino
parte de un patrón crónico de gestión deficiente.
Si se observa la trayectoria
completa, desde su primer gobierno hasta el final del tercero, el panorama es
inequívoco, la crisis eléctrica
dominicana se profundizó bajo los 12 años de administración de Fernández,
porque los problemas no eran solo técnicos; eran políticos.
El sistema eléctrico se convirtió en
una estructura altamente politizada,
las distribuidoras funcionaban como botines partidarios, y la regulación nunca
alcanzó independencia real. Todo ello, acompañado de un endeudamiento
acelerado, hizo imposible sostener mejoras permanentes.
La consecuencia fue simple y
dolorosa, la población pagó con
apagones, con pérdidas económicas y con un servicio que nunca coincidió con las
promesas presidenciales.
La continuidad del déficit
energético a lo largo de tres administraciones distintas (Fernández, Medina y
Abinader) demuestra que el problema eléctrico del país no es producto de un
gobierno, sino de un modelo político que privilegia el discurso sobre la
gestión y los anuncios sobre las soluciones reales.
Sin embargo, sería intelectualmente
deshonesto ignorar un hecho elemental, fue
bajo Leonel Fernández cuando más se acentuó la contradicción entre la retórica
de modernización y la realidad de un sistema en colapso permanente.
Un ejemplo es ejemplo claro de esa mala
gestión fue el contrato con Cogentrix, firmado en
1998 bajo modalidad take-or-pay, que obligaba al Estado a pagar
millones incluso cuando la planta no producía energía. Ese acuerdo, ampliamente
cuestionado por su costo y falta de transparencia, se convirtió en símbolo de improvisación
y perjuicio al erario durante la gestión de Fernández.
República Dominicana no necesita más
discursos sobre megavatios; necesita un pacto
de Estado, una despolitización
radical de las distribuidoras y una gestión técnica basada en planificación,
transparencia y rendición de cuentas.
Hasta que eso no ocurra, cada apagón
nacional seguirá siendo una metáfora de algo más profundo, un país que aún no ha decidido si quiere
encender la luz de su propio futuro.
