Por Doctor Ramón Ceballo
En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado una
intensificación de los operativos estatales contra el narcotráfico, el lavado
de activos y otros componentes del crimen organizado. Las cifras oficiales no
sólo sirven como indicador de esfuerzo policial, sino como reflejo claro del alcance y la penetración
estructural de esos grupos en la vida nacional.
El volumen de incautaciones y detenciones es tan alto que se vuelve imposible negar que el crimen organizado no es un fenómeno marginal, sino un actor con capacidad de influencia política y económica.
Entre agosto de 2020 y octubre de 2025, Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó la detención de 187 221 personas,
junto con la incautación de 159 440,40 kilogramos de drogas dentro del país
y otros 67 373,79 kilogramos en
operaciones internacionales.
En 2024, por su parte, la DNCD logró un récord, más de 44.3 toneladas de sustancias ilícitas,
incluyendo 37 714 kg de cocaína y 6 377 kg de marihuana. En ese periodo se
arrestaron 49 073 personas,
el 90 % dominicanas.
Estas cifras no sólo muestran un aumento cuantitativo de la persecución
al narcotráfico, sino que evidencian que una parte significativa del país
funciona como territorio activo de la delincuencia organizada, con capacidad
para mover cargamentos, operar rutas internacionales y capturar espacios
logísticos críticos como puertos y aeropuertos.
El volumen de bienes incautados es igualmente
ilustrativo: entre 2020‑2025 se registraron 144 embarcaciones, 13 446
vehículos, 1 596 armas de fuego y siete aeronaves intervenidas en operaciones
vinculadas al narcotráfico, lavado y crimen organizado.
Esta movilización implica una logística sofisticada, recursos económicos
significativos y lo más relevante, redes de protección que llegan
hasta niveles institucionales.
¿Por qué estas cifras son clave para entender el
problema político y social del país?
1. Financiamiento político invisible.
Cuando redes de narcotráfico y lavado de activos operan con tal volumen, es
altamente probable que una parte de esos recursos aspire a legitimarse mediante
el financiamiento de campañas políticas, partidos o candidatos.
2. Captura institucional.
Las incautaciones masivas reflejan que los criminales no solo trafican, también
buscan asegurar protección, impunidad y complicidad dentro del aparato estatal.
3. Desestabilización democrática.
Una política que convive con cifras de arrestos y decomisos de esa magnitud no
puede funcionar con normalidad: la corrupción, el temor y la cooptación se
vuelven mecanismos cotidianos.
4. Cultura de impunidad y violencia.
Los cargamentos, las armas, las embarcaciones vacías o con historia, y las
rutas que conectan con Europa o América del Norte, muestran que el país no es
un simple “paso” de drogas: es un territorio de inserción activa
de redes que financian poder y, por tanto, partidos y políticas.
El impacto social va más allá de la cifra. La
sensación de que “el narco manda” o que las grandes operaciones son chapas espectáculos
mientras los cabecillas quedan en la sombra, alimenta desapego, abstencionismo
electoral y desconfianza en las instituciones. Esa brecha entre operación
visible y sanción real es lo que permite al crimen organizado seguir operando.
Por ello, afirmar que “los problemas fundamentales del
país son el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, el abstencionismo y
la haitianización,” tiene fundamento sólido.
Las cifras de incautaciones y detenciones lo evidencian, no estamos ante un problema menor,
sino ante un reto estructural que exige respuestas que combinen justicia,
transparencia, reforma institucional y participación ciudadana.
Si República Dominicana quiere romper el ciclo, deberá
convertir esas operaciones en sentencias firmes, esos decomisos en auditorías
reales y esas detenciones en cambios profundos, no solo simbólicos. Porque el
volumen de cifras ya habla, ahora falta la transformación política e institucional.
