Una evaluación sobre riesgos y desafíos institucionales
Por Doctor Ramón Ceballo
En una democracia sólida, el derecho al voto representa un símbolo de
igualdad ciudadana. Sin embargo, en países donde la institucionalidad aún se
encuentra en desarrollo, como la República Dominicana, otorgar ese derecho a
los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional plantea más
riesgos que beneficios.
Los defensores del voto militar suelen argumentar que todo ciudadano, sin distinción, debe participar en la vida política del país. A primera vista, la idea parece justa: los uniformados también son dominicanos, pagan impuestos y contribuyen al bienestar nacional. Negarles el sufragio podría interpretarse como una forma de exclusión.
Sin embargo, la democracia no se sostiene únicamente
sobre el sufragio universal, sinó también sobre la neutralidad institucional del poder
coercitivo del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía están llamadas a servir
a la nación, no a un partido ni a un liderazgo político. Por eso, en sistemas
democráticos frágiles, mezclar el voto con el uniforme puede ser una combinación peligrosa.
Riesgos
en un contexto institucional débil
1.
Politización de las fuerzas armadas y policiales
En sociedades con escasa cultura institucional, los partidos políticos tienden
a influir en todos los espacios del poder. Si los militares y policías votaran,
su lealtad podría desplazarse del Estado hacia intereses partidarios,
reproduciendo viejos patrones de clientelismo y control político.
2.
Presión jerárquica interna
En estructuras tan verticales como las militares, el voto libre sería una
ilusión. Las decisiones de los superiores podrían condicionar la voluntad de
los subordinados, debilitando el carácter secreto y autónomo del sufragio.
3.
Riesgo de intervención política en momentos críticos
La neutralidad militar es un principio esencial para la estabilidad
democrática. Si las fuerzas armadas o policiales tuvieran afinidades
partidarias marcadas, su rol en protestas, crisis o procesos electorales podría
verse distorsionado, poniendo en riesgo la paz pública.
4.
Memoria histórica y cultura autoritaria
La República Dominicana aún arrastra los vestigios de un pasado donde el poder
militar fue determinante en la política. Reabrir la puerta a su participación
directa podría reactivar viejos fantasmas de injerencia castrense en los
asuntos civiles.
La alternativa, más sensata, que conceder el voto activo sería fortalecer la educación cívica,
ética y democrática dentro de los cuerpos castrenses. La
ciudadanía de los uniformados no se niega, pero se ejerce de otra forma,
garantizando el orden, la seguridad y el respeto a la Constitución.
En países de América Latina que prohíben el voto a los
militares, como Colombia,
Guatemala, Honduras, Paraguay y la propia República Dominicana, hay una alternativa que es el voto pasivo o diferido, la restricción suele
aplicarse solo mientras la persona está en servicio activo. Al pasar a retiro,
el derecho se recupera, así se preserva la neutralidad institucional sin
excluirlos totalmente del proceso democrático.
En contraste, otras democracias latinoamericanas han optado por permitir el voto
militar bajo estrictas garantías de neutralidad, entre ellas, tenemos: Argentina,
Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, donde los miembros de
las fuerzas armadas y policiales pueden ejercer el sufragio, siempre que lo
hagan de forma voluntaria, secreta y sin manifestaciones públicas de
preferencia política.
En estos países, el voto castrense ha sido posible gracias a una cultura institucional más
consolidada y a la existencia de mecanismos
de control civil sobre la estructura militar. No obstante,
incluso allí, el debate sobre los límites entre lo militar y lo político
continúa abierto.
Quiero concluir este artículo, reiterando que en un
país con instituciones frágiles, como la República Dominicana, donde la línea
entre el poder político y el militar aún necesita mayor claridad, otorgar
el voto a militares y policías sería una medida imprudente.
La
prioridad debe ser consolidar primero una cultura cívica y un Estado de derecho
donde las instituciones funcionen sin tutela partidaria.
El verdadero fortalecimiento democrático no consiste
en ampliar el padrón a toda costa, sino en asegurar que cada voto, civil o
militar, represente una decisión libre,
consciente y sin presiones.
En esa meta, todavía hay camino por recorrer.
