Por Doctor Ramón Ceballo
El apagón que dejó a oscuras a la República Dominicana el 11 de noviembre de 2025 reabrió un debate que parecía superado, el de la fragilidad del sistema eléctrico nacional.
Más allá de las explicaciones técnicas, el suceso plantea preguntas de fondo sobre la responsabilidad del gobierno, la eficacia de los mecanismos de prevención y la ausencia de un régimen de consecuencias en un tema que compromete la seguridad nacional.
Las informaciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas indicaron que la interrupción general del servicio se originó en la subestación San Pedro I, ubicada en San Pedro de Macorís, y descartaron de inmediato la posibilidad de sabotaje. Sin embargo, las explicaciones no convencieron ni a la población ni a sectores políticos y empresariales, que exigieron mayor claridad y transparencia en la investigación.
El país revivió por horas un pasado que creía superado: calles a oscuras, semáforos inoperantes, hospitales sin energía, aeropuertos colapsados, empresas paralizadas y ciudadanos atrapados en ascensores o en el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.
El apagón provocó pérdidas económicas incuantificables, alteró el ritmo productivo y generó una ola de ansiedad colectiva y el estrés. Muchos experimentaron crisis de pánico, angustia o desorientación, evidenciando la falta de protocolos de apoyo psicológico en emergencias de este tipo.
La intervención de equipos de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales y orientadores, debería ser parte de la respuesta institucional ante situaciones de crisis, no solo para asistir a los afectados directos, sino también para contener el estrés colectivo que deja una jornada de vulnerabilidad nacional.
Estos eventos, cuando se repiten en un corto período, despiertan sospechas legítimas: no necesariamente por teorías conspirativas, sino porque revelan la fragilidad estructural e institucional del sistema eléctrico.
Si una falla en una subestación puede colapsar toda la red, la pregunta ya no es si hubo sabotaje, sino por qué una infraestructura de miles de millones de dólares sigue siendo tan débil. La República Dominicana arrastra una larga historia de crisis energéticas. Desde los años ochenta, los apagones generalizados han sido parte del paisaje cotidiano, y aunque se han implementado reformas, capitalizaciones y programas de modernización, las soluciones han sido parciales y temporales.
A menudo, los apagones no obedecen a causas externas sino internas: falta de mantenimiento, negligencia operativa, sobrecargas y corrupción en la gestión de contratos de generación y distribución. Por eso, cada vez que las luces se apagan, la población oscila entre la sospecha de sabotaje y la resignación ante la incompetencia. Más que un fallo técnico, lo que duele es la sensación de país atrapado en un ciclo de improvisación permanente.
Un apagón nacional no solo afecta la economía y la seguridad, también hiere la confianza pública. En una sociedad polarizada como la dominicana, toda crisis técnica se convierte en combustible político. Las redes sociales amplifican rumores y los sectores opositores aprovechan la incertidumbre para cuestionar la capacidad de gestión del gobierno. De ahí que la respuesta institucional no deba limitarse a restablecer el servicio, sino a restablecer la credibilidad.
Lo prudente es realizar una investigación independiente, transparente y verificable. Si fue una falla, que se demuestre con evidencia; si hubo negligencia, que se asuman responsabilidades; y si existió el presunto sabotaje, que se castigue con todo el peso de la ley. Establecer consecuencias claras no es solo un acto de justicia, sino una demostración de autoridad y compromiso con la seguridad nacional.
El Estado tiene, además, el deber de enviar un mensaje firme a la ciudadanía. La incertidumbre que reinó durante el apagón generó miedo, rumores y desconfianza. Recuperar la calma social requiere liderazgo visible, comunicación efectiva y acciones concretas que fortalezcan la sensación de control institucional.
Lo ocurrido el 11 de noviembre no puede verse como un hecho aislado. El apagón en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en septiembre pasado, las interrupciones recientes en el Metro y los cortes eléctricos en distintas provincias sugieren un deterioro progresivo. Ningún sistema es infalible, pero los sistemas previsores minimizan riesgos.
El debate sobre si fue una falla técnica o presunto sabotaje encubre un problema más profundo, el abandono institucional. Se trata de un Estado que reacciona, pero no previene; que investiga, pero no reforma.
La falta de mantenimiento y supervisión, agrava la vulnerabilidad del sistema. En un país donde los cargos técnicos no se otorgan por competencia profesional, los apagones son el reflejo visible de una deficiencia invisible, la debilidad institucional.
La energía eléctrica no es solo un servicio público; es un pilar del desarrollo económico y social. Su interrupción paraliza la vida cotidiana, expone deficiencias estructurales y proyecta una imagen internacional de precariedad. El apagón del 11 de noviembre mostró que la República Dominicana sigue sin un sistema energético resiliente ni una cultura de responsabilidad administrativa.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué garantiza que esto no vuelva a ocurrir? Mientras no se implementen reformas estructurales y se fortalezcan los mecanismos de control, cada apagón será un recordatorio de que el progreso dominicano descansa sobre una red frágil.
La crisis del sistema eléctrico es también una crisis de gestión pública. Las causas pueden ser técnicas, pero las soluciones son políticas. La ausencia de consecuencias reales frente a la negligencia y la falta de planificación perpetúan un ciclo de impunidad y desconfianza. Más allá de las excusas o los comunicados oficiales, el país necesita una respuesta ejemplar.
El gobierno debe actuar con determinación, sustituir de inmediato a los funcionarios responsables del sector energético mientras se realiza una investigación profunda e independiente, con la participación de expertos nacionales e internacionales. Solo así enviará un mensaje contundente de autoridad y responsabilidad, demostrando que la seguridad eléctrica del país no puede depender ni de la improvisación ni del silencio administrativo.
El apagón del 11 de noviembre fue más que un fallo técnico, fue un espejo del deterioro institucional. La República Dominicana necesita volver a creer en sus instituciones y en su capacidad de prevenir, no solo reaccionar. Reconstruir la confianza pública será tan urgente como volver a encender la luz.
