Por el Doctor Ramón Ceballo
La salud mental en la República
Dominicana atraviesa una crisis profunda y de carácter estructural que afecta a
amplios sectores de la población. Estimaciones recientes indican que cerca del 20 % de los dominicanos padece algún
trastorno de salud mental: un 27.8
% presenta síntomas depresivos, un 21 % manifiesta ansiedad significativa y alrededor de un 14 % evidencia trastorno de estrés
postraumático.
Estas cifras no solo confirman la magnitud del problema, sino que reflejan una tendencia sostenida al aumento, dejando claro que el deterioro del bienestar emocional no es un fenómeno aislado, sino sistémico.
Uno de los indicadores más
alarmantes es el suicidio. Solo en 2024
se registraron 651 suicidios, con un promedio mensual de 54 casos, y más
de la mitad de ellos asociados a trastornos mentales no tratados o mal
atendidos.
A esto se suma la violencia extrema:
en los últimos 15 años, más de 1,300
mujeres han sido asesinadas en contextos de feminicidio. Asimismo, se
estiman entre 25 y 30 filicidios
anuales y entre 50 y 60
infanticidios, muchos de ellos vinculados a patologías mentales no
diagnosticadas ni tratadas oportunamente.
Otro factor de riesgo crítico es la
elevada incidencia de accidentes de
tránsito, una de las principales causas de muerte en el país. Más allá
de la pérdida de vidas, estos eventos generan importantes secuelas
psicológicas, como trastorno de estrés postraumático, tanto en las víctimas
directas como en sus familiares, ampliando el impacto de la crisis de salud
mental.
La niñez y la adolescencia tampoco
están exentas de esta realidad. El país enfrenta un persistente incremento del embarazo adolescente, fenómeno que se
entrelaza con contextos de violencia doméstica, filicidios e infanticidios,
incrementando la vulnerabilidad psicológica de niños y jóvenes.
A ello se suma una tasa de deserción escolar en secundaria
estimada entre 12 % y 15 %, agravada por problemas de salud mental como
depresión, ansiedad y trauma, lo que limita las oportunidades educativas y
perpetúa ciclos de exclusión social.
En el ámbito laboral, el impacto es
igualmente significativo. El ausentismo
asociado a trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático
afecta aproximadamente entre el 8 % y
el 10 % de los trabajadores formales, con consecuencias directas sobre
la productividad, la competitividad empresarial y el desarrollo económico
nacional.
Las empresas enfrentan pérdidas por
ausencias, retrasos, errores operativos y reducción de la capacidad de
innovación, reforzando un círculo de deterioro económico y social.
La creciente agresividad que se observa en calles, espacios públicos y
situaciones cotidianas no puede atribuirse únicamente a la inseguridad o al debilitamiento del
control social. En
muchos casos, esta hostilidad refleja una problemática más profunda y menos
visible, es el deterioro de la salud mental en una parte significativa de la población.
A diario somos testigos de discusiones en el tránsito, enfrentamientos en
filas o establecimientos, y reacciones desproporcionadas ante incidentes
menores. Si bien a menudo se señalan causas como la falta de educación, lo
cierto es que muchas de estas conductas son manifestaciones de trastornos psicológicos
no diagnosticados o mal gestionados.
Por otro lado, la violencia, en sus expresiones física, psicológica, sexual y simbólica, continúa creciendo a un ritmo alarmante. Datos oficiales del Ministerio de la Mujer y de la Procuraduría General de la República señalan que solo en 2024 se registraron más de 8,500 casos de abuso y agresión sexual.
Asimismo, entre 2020 y 2024, la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia de Género y Delitos Sexuales reportó más de 15,000 denuncias, lo que evidencia la
magnitud y persistencia del problema.
Si bien la violencia física resulta
visible y medible, la violencia
psicológica permanece en gran medida oculta. Es una forma de agresión
silenciosa que erosiona la dignidad, la autoestima y la capacidad de reconocer
el peligro. Genera confusión, miedo aprendido y relaciones afectivas
distorsionadas, y en muchos casos produce daños más profundos y duraderos que la
agresión corporal
El bullying es una
forma de violencia sistemática, repetida y deliberada contra una persona
percibida como vulnerable. Se manifiesta en burlas, exclusión, amenazas,
agresión física o verbal y, en la era digital, en el ciberacoso.
A esta realidad se suma un sistema
de salud con déficits estructurales
graves. Aunque existe un marco legal que reconoce la salud mental como
parte integral del derecho a la salud, su aplicación es limitada por la falta
de recursos.
En el país existen aproximadamente 210
psiquiatras, de los cuales solo una mínima proporción labora en el sistema
público, una cifra claramente insuficiente para atender a una población de más
de 11 millones de habitantes.
Además, el sistema de seguridad social no cubre de manera adecuada la atención ni los medicamentos en salud mental, dejando sin protección a quienes más requieren tratamiento continuo.
La presencia de personas con trastornos
mentales severos deambulando por las calles es una expresión visible de la
incapacidad del Estado para ofrecer contención, seguimiento y procesos
efectivos de rehabilitación.
En conclusión, la República
Dominicana requiere con urgencia un Pacto
Nacional por la Salud Mental que articule al Estado, la sociedad civil,
la academia y el sector privado. Solo mediante un enfoque integral será posible
garantizar prevención, atención, rehabilitación y la protección efectiva de los
derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, enfrentando una
crisis que ya no admite postergaciones.
