La salud mental en la República Dominicana enfrenta una crisis profunda y estructural que afecta a amplios sectores de la población. Según estimaciones recientes, cerca del 20 % de los dominicanos padece algún trastorno de salud mental, con 27,8 % mostrando síntomas depresivos, 21 % con ansiedad significativa, y 14 % presentando estrés postraumático.
Estas cifras reflejan una tendencia al aumento, evidenciando que los problemas de bienestar emocional no son anecdóticos sino sistémicos.
Los casos de suicidio son
alarmantes: en 2024 se registraron 651
suicidios, con un promedio mensual de 54, y más de la mitad asociados a
trastornos mentales. La violencia extrema, incluyendo feminicidios, filicidios e infanticidios, ha dejado más de 1.300 mujeres asesinadas en los
últimos 15 años. Además, se estiman 25-30
filicidios anuales y 50-60 casos
de infanticidios, muchos vinculados a patologías mentales no
diagnosticadas ni tratadas
Otro factor de riesgo crítico es la
alta incidencia de accidentes de tránsito, uno de los principales causantes de
muerte, que a menudo genera trastorno
de estrés postraumático entre víctimas y familiares.
La adolescencia y la niñez tampoco
están exentas: el país enfrenta un incremento de embarazos en adolescentes, un fenómeno que se combina con
filicidios, infanticidios y la exposición a violencia doméstica, amplificando
la vulnerabilidad psicológica de los jóvenes.
La deserción escolar se sitúa en torno al 12-15 % en secundaria, agravada por factores de salud mental como
depresión, ansiedad y trauma, lo que limita las oportunidades educativas y
contribuye a la perpetuación de la inequidad.
El sistema de salud presenta
déficits estructurales graves. La Ley
12‑06 de salud mental apenas se aplica por falta de recursos, y de los 210 psiquiatras existentes, solo una
mínima parte se desempeña en el sistema público, insuficiente para atender a
más de 11 millones de habitantes.
Asimismo, el sistema de seguridad social no cubre atención ni medicamentos en salud
mental, dejando desprotegidos a quienes más requieren tratamiento.
Muchos pacientes deambulando por las calles evidencian la incapacidad del
Estado para ofrecer contención, seguimiento y rehabilitación.
El ausentismo laboral asociado a trastornos de ansiedad, depresión y
estrés postraumático afecta a aproximadamente 8-10 % de los trabajadores formales, impactando directamente en la
productividad, la competitividad empresarial y el desarrollo económico
nacional. El rendimiento de las empresas se ve afectado por ausencias,
retrasos, errores y disminución de la capacidad de innovación, lo que perpetúa
un círculo de pérdida económica y social.
En conclusión, la República
Dominicana requiere con urgencia un Pacto
Nacional por la Salud Mental, que integre al Estado, sociedad civil,
academia y sector privado, para garantizar prevención, atención, rehabilitación
y protección de los derechos fundamentales de las personas con trastornos
mentales.
