Por Doctor Ramón Ceballo
La crisis que hoy sacude a SENASA no es un accidente ni un hecho aislado. Es la expresión más reciente de un entramado sistémico, profundamente arraigado en las estructuras de poder político, judicial, económico e institucional del país, sostenido tanto por la complicidad activa de unos como por la inacción deliberada de otros.
Lo que
estalla ahora como escándalo debió haber sido advertido, contenido y corregido
hace años.
La pregunta que se impone no es solo quiénes y cuantos cometieron irregularidades, sino dónde estaban y dónde están, los órganos de control de la administración pública. ¿Cómo fallaron los sistemas de supervisión financiera?
¿Qué ocurrió con las
unidades de integridad, con los mecanismos de Compras y Contrataciones, con la
Cámara de Cuentas y con las alertas del sistema bancario ante la movilización
de sumas millonarias claramente incompatibles con los ingresos declarados de
muchos funcionarios y proveedores?
SENASA ya había dado señales claras de vulnerabilidad. En 2012, la propia institución reconocía serias dificultades financieras y de gestión vinculadas al crecimiento acelerado de su afiliación y a la expansión del régimen subsidiado.
Aquella etapa, lejos de ser un episodio menor, marcó un
punto de inflexión; déficits que alcanzaron los RD$2,260 millones y pérdidas
adicionales estimadas en RD$1,595 millones, una creciente dependencia de
aportes del Gobierno Central y debilidades administrativas que exigían reformas
estructurales profundas. Sin embargo, en lugar de corregir el modelo, se optó
por soluciones coyunturales, encubrir los responsables y postergar el problema sin resolverlo.
La crisis no solo persistió, sinó que se repitieron de manera sistemática.
Análisis financieros de organizaciones especializadas muestran que SENASA ha
registrado pérdidas o déficits significativos en múltiples períodos desde 2009,
incluyendo los años 2011-2012, 2019 y, de forma más sostenida, entre 2021 y
2024.
En este último tramo, el
deterioro se intensificó, con déficits crecientes que, para 2024, habrían
llevado las pérdidas acumuladas a cerca de RD$15,000 millones. Este
comportamiento confirma que no se trata de crisis aisladas, sino de una falla
estructural persistente en el modelo de gestión, supervisión y control de la
ARS estatal.
La situación alcanza su
punto más crítico en 2025. La crisis actual, que ha generado investigaciones
penales y una fuerte conmoción pública, no se limita a denuncias de corrupción
individual. Revela desequilibrios financieros severos, déficits de miles de
millones de pesos y una morosidad con los proveedores de servicios de salud que
pasó de menos del 1 % en 2020 a más del 40 % en 2024.
El impacto es directo,
deterioro de los servicios, presión sobre clínicas y médicos, y un riesgo real
para la continuidad de la atención de millones de afiliados.
Lo más inquietante es que muchas de estas señales estaban a la vista.
Las cifras eran públicas, los retrasos en los pagos eran conocidos por el
sector salud y las tensiones financieras eran comentadas de forma recurrente.
Aun así, los mecanismos de control no actuaron con la contundencia necesaria.
La supervisión fue tardía,
fragmentada o inexistente. La prevención brilló por su ausencia.
Este escenario obliga a una reflexión incómoda: la corrupción y el
colapso institucional no prosperan solo por acción directa, sino por omisión.
Cuando los órganos responsables de fiscalizar, auditar y alertar no cumplen su
rol, se convierten en parte del problema. El silencio institucional, en estos
casos, no es neutral; es funcional al deterioro.
Proteger SENASA no significa encubrir errores ni minimizar
responsabilidades. Significa depurarlo, blindarlo y devolverle su razón de ser:
garantizar el derecho a la salud con equidad, eficiencia y dignidad. Para ello,
es imprescindible establecer responsabilidades claras, fortalecer los controles
internos y externos, transparentar la gestión financiera y romper con la lógica
de impunidad que ha permitido que las crisis se repitan cíclicamente.
La historia reciente demuestra que convertir las crisis en simples
escándalos pasajeros —como ocurrió en 2012, solo prepara el terreno para un
colapso mayor. Si esta vez no se aprende, si no se actúa con rigor y sin
cálculos políticos, el costo no será solo financiero o reputacional. Será
social, sanitario y humano.
La pregunta final ya no es si SENASA
podía llegar a este punto, sino por qué, sabiendo lo que ocurría, se permitió
que llegara.
