Dr. Ramón Ceballo
La violencia en el ámbito de la pareja y la familia constituye una problemática de salud pública y de derechos humanos ampliamente documentada en la República Dominicana.
Las estadísticas oficiales confirman
que las principales víctimas de la violencia de género continúan siendo las mujeres,
una realidad que exige atención prioritaria y sostenida por parte del Estado.
Sin embargo, existe una dimensión menos visible y escasamente abordada: la violencia que sufren los hombres en relaciones íntimas, un fenómeno subregistrado, poco investigado y con respuestas institucionales limitadas.
La atención pública, política y normativa a la
violencia intrafamiliar ha sido, y debe seguir siendo, prioritaria, dada la
magnitud de la victimización femenina y la urgencia de prevenir homicidios y
feminicidios. No obstante, esta focalización necesaria ha tenido un efecto
colateral: la invisibilización de otras formas de victimización en el ámbito
doméstico, particularmente la masculina, que rara vez es reconocida como un
problema relevante de política pública.
La minimización de la violencia contra los hombres en
relaciones de pareja responde a factores culturales, sociales e institucionales
profundamente arraigados. Persisten estereotipos que asocian la masculinidad
con fortaleza, autosuficiencia y control emocional, lo que dificulta reconocer
a los hombres como posibles víctimas.
A ello se suma una narrativa social e institucional que tiende a
identificar al hombre, de manera casi automática, como agresor, así como la
ausencia de campañas públicas, protocolos diferenciados y servicios
especializados orientados a la atención de varones víctimas de violencia.
Estas condiciones generan incredulidad social e
institucional, incrementan la vergüenza personal y desalientan la búsqueda de
ayuda formal. En consecuencia, muchos hombres optan por el silencio, incluso
cuando experimentan violencia sostenida en el ámbito íntimo, reforzando un
círculo de invisibilidad y desprotección.
Entre las principales barreras que impiden a los
hombres denunciar la violencia de pareja destacan el miedo a no ser creídos y a
que su testimonio sea trivializado o no investigado con seriedad; la vergüenza
y el estigma que implica confrontar expectativas culturales asociadas a la
masculinidad; y el temor a consecuencias legales adversas, especialmente en
contextos de denuncias cruzadas que puedan colocarlos en una posición de
desventaja.
A estas barreras se suma el desconocimiento de las
rutas institucionales disponibles, la escasez de servicios especializados para
su atención y la normalización de la violencia psicológica y emocional, que con
frecuencia es interpretada como simples “conflictos de pareja” y no como una
forma de violencia sancionable. Estos factores explican por qué la denuncia
masculina es considerablemente menor, sin que ello implique ausencia de
victimización, sino un claro subregistro.
Las cifras oficiales disponibles provienen
principalmente de la Procuraduría General de la República (PGR), el
Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial y la Oficina Nacional de
Estadística (ONE), que recogen información a través de unidades especializadas
de atención a la violencia intrafamiliar y de género. No obstante, la
disponibilidad pública de datos consolidados, anuales y desagregados por sexo
del denunciante no siempre es homogénea, lo que impone limitaciones analíticas.
En términos generales, los informes institucionales
indican que, durante la última década, se han registrado centenares de miles de
denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. La PGR ha
reportado cifras acumuladas que superan las 800 mil denuncias en un período
aproximado de diez años. Para los últimos cinco años, distintos análisis
estiman un promedio anual que oscila entre 60,000 y 75,000 denuncias, con
variaciones según el año y la cobertura institucional.
En cuanto a la proporción por sexo, los registros
administrativos coinciden en que la gran mayoría de las denuncias son
presentadas por mujeres. En los casos analizados, las denuncias femeninas
suelen representar más del 80% del total, mientras que las iniciadas por
hombres se sitúan, de manera consistente, entre el 10% y el 20% de los casos
registrados en unidades especializadas.
Es fundamental subrayar que estas cifras no reflejan
necesariamente la prevalencia real de victimización por sexo, sino patrones de
denuncia influenciados por barreras culturales, niveles de confianza en el
sistema y disponibilidad de rutas de atención. La coexistencia de una alta
victimización femenina y un subregistro persistente de hombres víctimas exige
respuestas equilibradas y técnicamente sólidas.
Proteger de manera prioritaria a las mujeres no es
incompatible con reconocer y atender a otros grupos de víctimas. Por el
contrario, una política pública integral debe ser capaz de responder a todas
las formas de violencia intrafamiliar sin reproducir sesgos que perpetúen la
invisibilidad.
Ello implica mejorar la calidad y transparencia de las
estadísticas públicas mediante la publicación de datos desagregados por sexo y
tipo de violencia; fortalecer la capacitación de policías, fiscales y personal
de salud en la identificación y atención no sesgada de víctimas masculinas; y
desarrollar rutas de atención inclusivas que garanticen confidencialidad,
seguridad y acompañamiento psicológico y legal.
Asimismo, resulta imprescindible impulsar campañas
públicas que cuestionen estereotipos de género y reduzcan el estigma asociado a
la denuncia masculina, así como promover estudios de prevalencia poblacional
que complementen los registros administrativos y permitan dimensionar con mayor
precisión la magnitud real del fenómeno.
Reconocer la violencia contra los hombres no debilita
la lucha contra la violencia hacia las mujeres; por el contrario, la fortalece
al ampliar el enfoque hacia una comprensión integral, inclusiva y basada en
derechos humanos de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana.
