Por Doctor Ramón Ceballo
La corrupción en la República
Dominicana no es un fenómeno aislado ni el resultado de desviaciones
individuales. Es un entramado sistémico, profundamente arraigado en las
estructuras de poder político, judicial, económico e institucional, sostenido
tanto por la complicidad activa de unos como por la inacción deliberada de
otros.
No se trata únicamente de funcionarios que roban, sino de un ecosistema completo que permite, normaliza y protege el saqueo de los recursos públicos. Un modelo en el que delinquir desde el Estado no solo es posible, sino rentable.
Durante décadas, sectores clave del
poder han coexistido en una relación funcional, el poder político garantiza
impunidad, el poder económico financia y se beneficia, y los órganos de
control, llamados a prevenir y sancionar, miran hacia otro lado. En ese
contexto, la corrupción se convierte en moneda de intercambio y en mecanismo de
reproducción del poder.
Ante esta realidad, surgen preguntas
incómodas pero necesarias; ¿dónde estaban y dónde están, los órganos de control
de la administración pública? ¿Cómo fallaron los sistemas de supervisión
financiera, las unidades de integridad, Compras y Contrataciones, la Cámara de
Cuentas y las alertas del sistema bancario frente a la movilización de sumas
millonarias incompatibles con los ingresos declarados de muchos funcionarios?
La ausencia de respuestas claras
solo fortalece la percepción de una complicidad estructural. Porque los responsables
de la corrupción no son únicamente quienes firmaron contratos fraudulentos o
desviaron fondos. También lo son quienes autorizaron, encubrieron o, teniendo
la obligación legal y moral de actuar, optaron por el silencio. La corrupción
prospera tanto por la acción directa como por la omisión calculada. Callar, en
estos casos, no es neutralidad, es participación pasiva.
La Republica Dominicana, necesita un
debate serio sobre las sanciones. No bastan condenas simbólicas ni acuerdos
judiciales que permiten conservar fortunas ilícitas. Quien sea condenado por
corrupción debe enfrentar consecuencias reales, inhabilitación permanente para
ejercer cargos públicos, prohibición de participar en actividades
político-partidarias y el despojo total de los bienes sustraídos al Estado. La
corrupción debe dejar de ser un delito de bajo riesgo y alta recompensa.
Sin embargo, el problema no se limita al Estado. La
corrupción también es un fenómeno cultural, arraigado en el tejido social y
reproducido desde el primer núcleo de la sociedad, la familia. Cuando alguien
introduce a su hogar recursos de origen injustificable y eso es celebrado como
“viveza” o “éxito”, se legitima una lógica perversa que normaliza el robo y
desacredita la honestidad. Así se consolida una doble moral que justifica la
corrupción tanto en lo privado como en lo público.
En este contexto, quien ejerce una
función pública y no “coge lo suyo” suele ser visto como ingenuo, mientras que
quien exhibe riqueza sin explicación es admirado y socialmente validado. Esta
distorsión de valores erosiona la ética colectiva y alimenta la reproducción
constante del problema.
Resulta entonces imprescindible
revisar los criterios mediante los cuales se accede a la función pública. ¿Se
evalúan realmente la integridad, la transparencia y las competencias de quienes
son designados? ¿O siguen prevaleciendo la lealtad política, los compromisos
económicos y el clientelismo? Mientras estas prácticas no cambien, la
corrupción seguirá reciclando a sus protagonistas bajo nuevas siglas y
discursos renovados.
Combatir la corrupción exige mucho
más que retórica y expedientes judiciales. Requiere una ruptura cultural,
institucional y moral. Sin ella, cualquier promesa de transparencia será apenas
una pieza más del engranaje que ha mantenido al país atrapado en la impunidad. Aunque
la responsabilidad penal es estrictamente personal, existe una responsabilidad
política y social.
Los partidos no son simples
plataformas electorales; deberían ser, instrumentos democráticos al servicio
del interés general. Les corresponde ejercer un control ético riguroso sobre
quienes postulan, designan y sostienen en cargos públicos.
Cuando una organización política
permite que personas sin integridad o con antecedentes cuestionables
representen a la ciudadanía, no solo falla en su función, sino que traiciona su
compromiso social. El acceso al poder no puede seguir siendo el resultado de
pactos internos, financiamientos opacos o lealtades coyunturales, sino de
procesos transparentes que privilegien la idoneidad y la vocación de servicio.
En ese sentido, la llamada “muerte
civil” para los condenados por corrupción no debe verse como una medida
extrema, sino como una herramienta de saneamiento democrático. Quien ha
traicionado la confianza pública no puede volver a administrar recursos del
Estado ni volver a hacer negocios con el Estado y mucho menos ejercer liderazgo
político.
Nada de esto será posible sin una
ciudadanía consciente, vigilante y activa. La lucha contra la corrupción no
puede seguir delegándose únicamente en fiscales y jueces. Cada ciudadano tiene
la responsabilidad de rechazar la normalización del robo, dejar de admirar el
enriquecimiento ilícito y exigir coherencia ética a quienes aspiran a gobernar.
El silencio social y la indiferencia también son formas de complicidad.
La República Dominicana solo podrá desmontar este entramado cuando deje de premiar al corrupto con aplausos y al ladrón con votos. Recuperar el valor de lo público es una tarea colectiva. Sin ese compromiso ciudadano, la corrupción seguirá mutando. Con él, será posible reconstruir la dignidad institucional y moral que el país reclama con urgencia.
