Por Doctor Ramón Ceballo
El 20 de enero de 2025 el presidente Donald J. Trump asumió su
segundo mandato con una cadena de indultos y conmutaciones que dejó perplejos a
analistas y legisladores.
En las semanas y meses siguientes, la Casa Blanca concedió clemencias a decenas de condenados, entre ellos varios vinculados a delitos graves de drogas, justo cuando la administración declaraba una renovada ofensiva contra el narcotráfico en América Latina.
El contraste entre el discurso punitivo y la práctica ejecutiva
expone una clara e inquietante doble moral.
¿Quiénes fueron indultados por delitos
relacionados con drogas?
Según el registro oficial del Departamento de Justicia y la
cobertura de medios, entre las personas indultadas o cuyo castigo fue conmutado
desde el inicio del segundo mandato figuran varios condenados por delitos de
narcotráfico o conspiración para distribuir drogas. Entre los casos más
destacados están:
- Ross
William Ulbricht, fundador
del mercado en la dark web Silk Road, condenado por facilitar
el comercio internacional de drogas por internet; recibió un perdón
completo en enero de 2025.
- Juan
Orlando Hernández, expresidente
de Honduras, condenado en Nueva York por su papel en una conspiración para
importar cocaína a EE. UU.; fue indultado el 1 de diciembre de 2025 según
el registro oficial.
- Jean
Pinkard, conmutación
por conspiración para poseer
con intención de distribuir sustancias controladas (mencionada
en la lista del DOJ, 4 de marzo de 2025).
- Michael
Ray Harris, figura
cuyo expediente muestra condenas por conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína y
cargos relacionados; aparece en la lista de clemencias.
- Larry
Hoover, condenado
por narcotráfico y crimen organizado; figura en las acciones de clemencia
del 28 de mayo de 2025.
- Garnett
Gilbert Smith, condenado
por conspiración para
distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína; incluido
en la lista.
- Charles
Lavar Tanner, abreviado
en registros por conspiración relacionada con distribución de grandes
cantidades de cocaína; su nombre aparece en el listado de
conmutaciones/pardones.
- Anabel
Valenzuela, condenada
por conspiración para
distribuir metanfetamina y delitos conexos; figura en la
lista.
- Edward
Ruben Sotelo y Joe
Angelo Sotelo, ambos con condenas de tipo conspiración y posesión con intención de
distribuir importantes cantidades de cocaína; incluidos en las
medidas de clemencia.
(Esta lista no es exhaustiva, el registro público de la Oficina
del Pardon Attorney muestra múltiples decisiones de clemencia, varias de ellas
por delitos vinculados a drogas, a lo largo de 2025).
Hipocresía política, discurso duro fuera, perdón
dentro
Mientras la Casa Blanca intensifica la retórica y las políticas
dirigidas a “reducir el flujo” de fármacos hacia Estados Unidos, incluyendo
presiones diplomáticas y operativos conjuntos en la región, la concesión de
indultos a personas condenadas por traficar, conspirar o facilitar la
circulación de drogas socava la credibilidad de ese enfoque.
No es solo una contradicción retórica, se trata de actos
concretos que liberan a actores cuya actividad, según las sentencias y las
investigaciones, contribuyó directamente al daño público que la administración
dice combatir.
Los defensores de las clemencias alegan motivos como excesos
procesales, errores judiciales o razones humanitarias. Pero cuando la lista
incluye a figuras de alto perfil, fundadores de mercados globales de drogas en
línea o exmandatarios condenados por conspiraciones masivas, la narrativa
de “justicia corregida” choca con la impresión de que ciertas personas reciben
trato preferencial, por razones políticas, geopolíticas o de lealtad.
Medios y políticos han señalado que indultar a protagonistas del
comercio ilícito mientras se impulsa una política externa de mano dura crea la
percepción de impunidad y selectividad.
Impacto en Latinoamérica y la seguridad
regional
El indulto a un exjefe de Estado latinoamericano condenado por
narcotráfico, un hecho que provocó protestas y declaraciones críticas en la
región, tiene consecuencias diplomáticas claras, erosiona la cooperación
con gobiernos locales que combaten redes ilícitas y alimenta la desconfianza
entre aliados y sociedades que piden justicia por el daño causado por el
narco.
Al mismo tiempo, el mensaje contradictorio puede ser aprovechado
por actores criminales para afirmar narrativas de impunidad o negociación
política.
La coherencia es un requisito de credibilidad
Gobernar contra las drogas requiere, además de recursos y
cooperación internacional, coherencia moral y política. Una política que
proclama mano dura en las cumbres diplomáticas pero abre la puerta a indultos
para quienes participaron en el comercio ilícito termina por debilitar su
propia eficacia.
El asunto no es solo legal, el presidente tiene la facultad
constitucional de perdonar, sino político y ético, el uso selectivo del
perdón, cuando choca con una retórica pública opuesta, parece menos una
corrección judicial que un ejercicio de poder con costos reputacionales y
prácticos para la lucha contra el narcotráfico
