Por Doctor Ramón Ceballo
En la República Dominicana la corrupción no nació ayer ni es
patrimonio exclusivo de un partido o de un liderazgo político. Es un fenómeno
estructural alimentado por décadas de impunidad, redes clientelares,
privilegios corporativos y una cultura donde la lealtad partidaria ha pesado
más que la ética pública.
Lo que sí ha cambiado, y ahí radica el verdadero punto de quiebre histórico, es el nivel de complicidad del poder con ese entramado y la decisión, o la falta de ella, de enfrentarlo.
Durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, el
país vivió la época dorada de los grandes escándalos, los expedientes engavetados
y los pactos silenciosos que blindaron a funcionarios, empresarios y operadores
políticos. Fueron años en los que la corrupción no solo creció, sino que se
institucionalizó.
Los casos emblemáticos, Odebrecht, los sobrecostos, los indultos
cuestionados, las redes de contratistas privilegiados, la captura del
presupuesto público y los esquemas mafiosos dirigidos desde el propio Estado,
evidencian que la ética fue sacrificada en nombre de la estabilidad partidaria.
La Procuraduría estaba entonces bajo control político directo;
no había voluntad real de investigar porque los investigados se sentaban en la
misma mesa del Consejo de Ministros.
En el período de Danilo Medina, el caso Odebrecht golpeó el
corazón del poder, y la Operación Antipulpo reveló el nivel de impunidad con
que operaban familiares presidenciales, ministros y contratistas privilegiados.
El Ministerio Público miraba hacia otro lado. Cuando el arbusto
ardía, la respuesta oficial era siempre la misma: “todo es persecución
política”. Era el país del manto púrpura, nadie tocaba a nadie.
Pero el país cambió en 2020. Por primera vez en décadas, el
Ministerio Público fue liberado del tutelaje presidencial.
El gobierno de Luis Abinader, con todos sus errores y con
escándalos en su propia administración, es, en términos comparativos, el único
de los tres que ha permitido que los órganos de justicia actúen sin frenar
expedientes, sin llamar fiscales y sin negociar archivos.
Lo que antes era impensable comenzó a suceder: funcionarios
activos, directores de instituciones, contratistas cercanos al gobierno y
figuras con poder económico han sido investigados, procesados o enviados a
prisión preventiva.
Ningún presidente antes había permitido que un Ministerio
Público independiente apresara a sus propios funcionarios. Ninguno. Ese solo hecho marca una ruptura histórica.
Esto no significa que el sistema esté “limpio” ni que el
gobierno actual esté exento de fallas. Ha habido escándalos en instituciones
claves, deficiencias en la supervisión administrativa y un compromiso serio con
el discurso anticorrupción.
Pero reducir el panorama a “todos son iguales” es una forma
sofisticada de proteger a quienes se lucraron durante veinte años sin enfrentar
consecuencias.
La pregunta no es si hay corrupción, porque la hay, sino cómo
reacciona cada gobierno cuando esta se destapa:
- Con Leonel
Fernández, prevaleció el silencio cómplice, el
blindaje jurídico y la protección política.
- Con Danilo
Medina, las
redes corruptas se volvieron más atrevidas mientras el Ministerio Público
seguía funcionando como un instrumento del poder.
- Con Luis
Abinader, pese
a los escándalos internos, ha sido el único período en que el sistema
judicial ha procesado figuras del poder sin el bloqueo del Ejecutivo.
El país no necesita moralistas de ocasión ni paladines súbitos
que hoy critican ferozmente contra la corrupción pero ayer callaban porque su
partido estaba en el poder. La lucha contra la corrupción no es un arma
retórica: es una política de Estado que exige coherencia, valentía
institucional y un Ministerio Público que no reciba órdenes por teléfono.
En conclusión, los tres gobiernos han convivido con la
corrupción, pero solo uno ha mostrado un compromiso verificable con
enfrentarla, aun cuando el costo político sea alto.
Ese es el estándar mínimo que la sociedad dominicana debe exigir
de ahora en adelante: Gobierne quien gobierne, nadie esté por encima
de la ley.
