Por Doctor Ramón Ceballo
Por décadas, la migración irregular
haitiana hacia la República Dominicana ha sido una realidad compleja y muchas
veces ignorada por quienes tienen el deber de enfrentarla. En los últimos años,
esta situación se ha agudizado, convirtiéndose en una crisis humanitaria y de
seguridad nacional.
Lo más alarmante es que detrás de esta tragedia silenciosa se encuentran redes de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, y la participación directa de actores estatales y empresariales que se benefician de este negocio inhumano.
La verdad
es que Investigaciones oficiales han
identificado que un número significativo de ciudadanos haitianos ha ingresado a
territorio dominicano a través de redes de tráfico de migrantes que operan en
la frontera.
Estas redes criminales no solo
organizan el paso clandestino de personas, sino que además explotan a mujeres y
niños, obligándolos a prostituirse, mendigar o incluso participar en combates
clandestinos, en una nueva modalidad de violencia que afecta particularmente a
menores de edad.
Un informe reciente de las
autoridades dominicanas señala que cada año cientos de niños cruzan la frontera
hacia República Dominicana, víctimas del tráfico transfronterizo. Muchos son
separados de sus familias o engañados con falsas promesas de oportunidades
laborales. Al llegar al país, son explotados por estas mafias que lucran con su
miseria.
La gravedad de este fenómeno no
radica solo en la existencia de redes criminales, sino en la participación
directa de sectores que deberían estar encargados de proteger la soberanía
nacional y los derechos humanos. Militares activos, empresarios agrícolas y de
la construcción están siendo investigados por facilitar o lucrarse del tráfico
de personas.
Lo cierto es que una de las
investigaciones más impactantes fue la operación “Máscara de Janus”, en la que
se arrestó al capitán de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Domingo Ureña
Rodríguez, implicado no solo en el tráfico ilícito de inmigrantes, sino también
en casos de falsificación de documentos, cohecho, estafas y asociación de
malhechores.
Según datos oficiales del gobierno
dominicano, en los últimos siete meses se han sometido judicialmente a más de
275 personas por su implicación directa en el tráfico de migrantes, incluyendo
militares, empresarios, funcionarios públicos y traficantes individuales.
Esta cifra representa un avance
significativo en la visibilización y judicialización del problema, y pone en evidencia
una voluntad creciente por parte del Estado de enfrentar este flagelo con mayor
determinación. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque importantes, resultan
insuficientes si no se traducen en una política de Estado integral, con
sanciones ejemplares que incluyan penas de prisión efectivas, decomiso de
bienes y eliminación de estructuras de protección política y económica.
Los principales beneficiarios de
este tráfico humano son claramente identificables:
- Militares corruptos, que permiten el paso a cambio
de sobornos.
- Políticos y funcionarios
civiles, que
protegen o participan directamente en las redes.
- Empresarios agrícolas, que demandan mano de obra
barata e indocumentada.
- Constructores, que utilizan a migrantes como
fuerza de trabajo sin derechos ni protección laboral.
El gobierno del presidente Luis
Abinader ha demostrado un incremento general de los esfuerzos en comparación con
otras épocas, reiterado recientemente la necesidad de reforzar el compromiso
militar con la seguridad en la frontera.
Sin embargo, más allá del discurso, el
presidente Abinader ha entendido que se requiere una política de Estado firme,
transparente y sostenida que enfrente este crimen organizado con determinación
por eso propuso una reunión con los ex presidentes convencido de que la
complicidad de sectores internos agrava la situación y requiere respuestas
institucionales contundentes.
La magnitud del problema exige una
estrategia sostenida que combine prevención, control fronterizo eficaz,
depuración institucional y, sobre todo, una política represiva firme con
condenas reales para los responsables. No se puede seguir permitiendo que este
crimen se mantenga impune o que las sanciones sean laxas frente a la gravedad
de la trata y el tráfico humano.
La República Dominicana debe
garantizar que quienes trafican con la dignidad de los seres humanos reciban el
peso completo de la ley y que el Estado no sea cómplice, por omisión o
tolerancia, de esta tragedia humanitaria.
La migración forzada haitiana es un
drama humano, pero el tráfico de seres humanos no debe convertirse en un
negocio permitido por el silencio oficial ni por intereses.
Bibliografía
Sugerida:
- Dirección General de Migración
(2024). Informe sobre la situación de la migración irregular en la
frontera domínico-haitiana.
- Centro Bonó (2023). La
Frontera: Espacio de comercio, tránsito y derechos humanos.
- Naciones Unidas – OIM (2022). Trata
de personas en el Caribe: Diagnóstico y recomendaciones.
- Diario Libre (2024). Capitán
de la FARD arrestado por red de tráfico de haitianos.
- Listín Diario (2023). Pandillas,
trata de personas y corrupción fronteriza: un triángulo peligroso.
