Por Ramón Ceballo
En un momento donde la
institucionalidad de la República Dominicana enfrenta múltiples desafíos, se
hace necesario reiterar que las
alcaldías no están por encima de la ley. Resulta preocupante que
autoridades municipales pretendan atribuirse competencias que no les
corresponden, actuando en abierta violación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y a la propia Constitución de la República.
La verdad es que la Carta Magna dominicana, en su artículo 199, es contundente al delimitar con claridad las funciones y atribuciones de los gobiernos locales, estableciendo la autonomía municipal solo dentro del marco de la ley.
Esta normativa distingue de manera
inequívoca entre las responsabilidades nacionales
y municipales, dejando claro que
temas como la inmigración y la
seguridad nacional son competencia exclusiva del gobierno central.
Frente a esta realidad, deploramos profundamente la actitud del
alcalde del municipio de Dajabón, quien ha decidido tomar acciones
unilaterales en materia migratoria, usurpando funciones que no le han sido
conferidas legalmente.
Es cierto que estos actos no solo
son ilegales, sino que además representan un riesgo para el orden
institucional, fomentan el caos y abren las puertas a la improvisación
administrativa, promovida por agendas personales o influencias de sectores
externos.
Este tipo de iniciativas
“patrioteras” –que apelan al populismo y al nacionalismo extremo sin base
jurídica– ponen en peligro la
estabilidad democrática y desvirtúan el verdadero papel de los gobiernos
locales, que deben enfocarse en servicios básicos, desarrollo comunitario,
ordenamiento urbano y transparencia.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, en especial al
Ministerio de Interior y Policía y a la Liga Municipal Dominicana, para
que actúen con responsabilidad y pongan freno a esta peligrosa tendencia.
Es deber del Estado garantizar el cumplimiento estricto de la ley, preservando
el equilibrio institucional y evitando que las alcaldías se conviertan en
escenarios de desorden legal y político.
La democracia dominicana no puede
permitir que el irrespeto a la ley se normalice. El país necesita instituciones
fuertes, líderes locales responsables y una ciudadanía vigilante frente a
cualquier intento de romper el orden constitucional bajo pretextos de falsa
defensa nacional.
