Por Doctor Ramón Ceballo
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representa hoy una de las expresiones más crudas del poder punitivo del Estado estadounidense.
Bajo el disfraz de la legalidad, esta agencia ha institucionalizado la crueldad
contra los inmigrantes, convirtiendo la persecución, el miedo y la
deshumanización en política pública.
ICE no administra justicia ni garantiza seguridad, administra sufrimiento, castigando a millones de personas cuya única “falta” es existir fuera de un estatus migratorio impuesto por un sistema excluyente.
Amparada en el discurso de la “seguridad nacional”, la
agencia ha normalizado prácticas que violentan principios elementales de
derechos humanos, redadas en barrios populares, arrestos sin previo aviso,
detenciones frente a niños, separaciones familiares forzadas y encierros
prolongados en centros denunciados por abusos.
Nada de esto es excepcional. Es una política pública diseñada para
sembrar terror y disciplinar comunidades enteras. No se trata de excesos
individuales ni de errores administrativos. ICE funciona exactamente como fue
concebida, convertir al inmigrante en enemigo interno. La migración no se
aborda como un fenómeno humano, social y económico, sino como una amenaza que
debe ser reprimida. El miedo se transforma así en instrumento de gobierno y la
legalidad en coartada para la crueldad.
El argumento de que ICE “solo cumple la ley” es
moralmente insostenible. Existen evidencias de que ciudadanos estadounidenses
que no encajan en el perfil que la agencia dice perseguir han sido igualmente
tratados como sospechosos o detenidos. La historia demuestra que muchas de las
mayores injusticias han sido, en su momento, perfectamente legales. La legalidad
sin ética no es justicia, es simple obediencia.
Cuando un Estado, mediante leyes o decretos, justifica irrumpir en
hogares, detener y encerrar personas sin delito penal, separar familias, negar
atención médica adecuada y tratar a los seres humanos como expedientes
descartables, el problema no es su incumplimiento, sino su propia existencia.
ICE tampoco persigue a las grandes redes económicas
que se benefician de la migración irregular. No toca a los empleadores que
explotan mano de obra barata ni a los sectores que lucran con la precariedad.
Persigue al eslabón más débil, trabajadores pobres, madres, jóvenes y personas
racializadas. Castiga la pobreza y protege al poder. Esa selectividad no es
accidental; es estructural.
El impacto social de estas políticas es devastador.
Comunidades enteras viven bajo un clima permanente de ansiedad. Padres que
temen llevar a sus hijos a la escuela, mujeres que no denuncian violencia
doméstica, trabajadores que soportan abusos laborales extremos por miedo a ser
deportados. ICE no fortalece la seguridad pública, la destruye, porque empuja a
millones a la invisibilidad y rompe la confianza social.
Más preocupante aún es el precedente político que se
consolida. Cuando un Estado demuestra que puede suspender derechos a un grupo específico
sin consecuencias reales, se abre peligrosamente la puerta al autoritarismo. La
historia ofrece lecciones elocuentes, ocurrió en la Unión Soviética con la
persecución de disidentes, en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler
con su política antijudía y en la España de Franco con la represión
anticomunista.
En todos esos casos, la normalización de la arbitrariedad comenzó con la
estigmatización de “unos pocos” y terminó socavando las libertades de todos.
Hoy son los inmigrantes. Mañana puede ser cualquier otro sector señalado como
indeseable.
Estados Unidos se presenta como defensor global de la
libertad y los derechos humanos. Sin embargo, esa narrativa se vacía de
contenido mientras una agencia federal actúe como fuerza de choque contra los
más vulnerables. No se puede condenar la represión en otros países y
justificarla internamente con lenguaje burocrático y sellos oficiales.
Criticar a ICE no es radicalismo ni antipatriotísmo.
Es una obligación ética y democrática, porque defender la dignidad humana no es
un delito. La verdadera amenaza para Estados Unidos no son los inmigrantes,
sino la normalización del miedo como política pública.
Las democracias no siempre mueren con tanques en las calles; a veces se
erosionan desde dentro, mediante leyes que, bajo el lenguaje de la “seguridad
nacional”, institucionalizan la violencia contra sectores específicos.
La legalidad sin ética no es justicia, es obediencia. Aceptar estas
políticas como “normales” abre la puerta a su expansión hacia otros grupos y
convierte a la democracia en un régimen de miedo con fachada legal.
