Por Doctor Ramón Ceballo
En la República Dominicana, la psicosis
constituye uno de los trastornos mentales más graves y, al mismo tiempo, uno de
los más invisibilizado. Lejos de ser únicamente un problema individual o
familiar, la psicosis pone en evidencia una profunda deuda estructural del
sistema de salud pública dominicano en materia de salud mental.
A pesar de que sus manifestaciones clínicas, delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado y conductas extrañas, impactan de manera severa la vida de quienes la padecen y de su entorno, el abordaje institucional continúa siendo tardío, fragmentado y excesivamente centralizado.
Desde el punto de vista clínico, la psicosis
implica una ruptura con la realidad que deteriora gravemente la capacidad de la
persona para estudiar, trabajar y sostener vínculos sociales estables,
profundizando así su exclusión y vulnerabilidad social.
A
los síntomas más visibles se suman los llamados síntomas negativos, tales como,
aislamiento, apatía, pérdida de
motivación y empobrecimiento emocional. Estos últimos son los que más
deterioran la funcionalidad a largo plazo y se consolidan cuando no existe
atención temprana ni seguimiento contínuo.
En
la República Dominicana, las estadísticas disponibles, aunque limitadas,
revelan la magnitud del problema, aproximadamente el 23 % de las personas que solicitan servicios
de salud mental en el sistema público lo hacen por esquizofrenia, uno de
los principales trastornos psicóticos.
Esta
cifra no representa la prevalencia poblacional, sino la carga asistencial que generan los
trastornos psicóticos dentro del sistema sanitario. Esta estadística alta de la
esquizofrenia en las consultas se explica por la naturaleza de la psicosis.
Estos trastornos tienden a manifestarse en forma de crisis recurrentes.
Las
personas con psicosis requieren atención especializada, pues presentan recaídas
frecuentes, por lo tanto, necesitan hospitalizaciones repetidas y son
resistentes al tratamiento. Aunque menor en número poblacional, utilizan
de manera intensiva los servicios psiquiátricos públicos.
No
es casual, entonces, que la esquizofrenia sea una de las principales causas de
hospitalización de salud mental en el país. Esto evidencia un modelo de
atención reactivo, centrado en la crisis, más que en la prevención y el
acompañamiento comunitario.
La
falta de detección temprana y continuidad terapéutica empuja a las personas a
ciclos repetidos de descompensación, internamiento y abandono del tratamiento. La
evidencia científica indica que la psicosis afecta a hombres y mujeres en
proporciones similares, pero no de la misma forma ni en el mismo momento de la
vida.
En
los hombres, el inicio suele producirse entre los quince y veinticinco años,
con mayor deterioro funcional y mayor asociación al consumo de sustancias. En
las mujeres, el debut suele ser más tardío y con mejor respuesta inicial al
tratamiento.
A
este panorama se suma el componente hereditario. La psicosis no se hereda de
forma directa, pero existe una vulnerabilidad genética que, combinada con
factores sociales como pobreza, violencia, desempleo y consumo de drogas,
incrementa el riesgo.
En
la República Dominicana, estas condiciones estructurales actúan como detonantes
del trastorno. El estigma social sigue siendo una barrera decisiva. En muchas
comunidades, la psicosis se asocia a peligrosidad o castigo, retrasando la
búsqueda de ayuda y profundizando el aislamiento.
La
enfermedad termina siendo gestionada por las familias o por la coerción
institucional, debido a la ausencia de políticas públicas eficaces. Por lo
tanto, abordar la psicosis como problema de salud pública exige un cambio de
enfoque que fortalezca la atención primaria, desarrollando servicios
comunitarios y garantizando continuidad terapéutica son opciones, de
urgencias.
Mientras
la salud mental siga siendo marginal en la agenda pública dominicana, el
sistema seguirá llegando tarde, y llegar tarde siempre significa más crisis,
más hospitalizaciones y más vidas quebradas. Invertir en prevención,
educación y acompañamiento temprano permitiría reducir costos, sufrimiento y
exclusión social.
La
psicosis, tratada a tiempo, no condena a la marginalidad. Ignorarla, en cambio,
perpetúa un modelo sanitario ineficiente que castiga a los más vulnerables y
normaliza la emergencia como única respuesta institucional del sistema público.
