Por Ramón Ceballo
El Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos es una protección migratoria temporal otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional a ciudadanos de ciertos países que enfrentan condiciones que hacen inseguro o imposible su regreso a casa
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 500,000 ciudadanos haitianos, una decisión tomada bajo la administración del presidente Donald Trump, con efectos a partir del 2 de septiembre de 2025.La cancelación del TPS para haitianos no es solo un asunto de política migratoria estadounidense; representa una bomba de tiempo para la región. República Dominicana no puede ni debe enfrentar sola las consecuencias de esta decisión, que amenaza con intensificar la ya crítica situación migratoria en la isla
La verdad es que esto marca un punto
de inflexión no solo para los miles de haitianos que residen legalmente en
Estados Unidos desde el terremoto de 2010, sino también para la región
caribeña, especialmente República
Dominicana, país que podría verse directamente afectado por las
consecuencias migratorias, económicas y sociales derivadas de esta medida.
El TPS fue otorgado a ciudadanos
haitianos tras el devastador terremoto de 2010, permitiéndoles residir y
trabajar legalmente en EE. UU. desde entonces. Su eliminación forzará a miles a
enfrentar la deportación, a menos que encuentren otras vías legales para
permanecer.
La decisión se produce en un momento
de extrema fragilidad institucional en Haití, donde el colapso del Estado, la
violencia de bandas armadas y la falta de gobernabilidad impiden garantizar
condiciones mínimas de reintegración para los retornados.
Aunque los deportados serán enviados
formalmente a Haití, es previsible que
una parte significativa de ellos busque ingresar a la República Dominicana,
ya sea como paso hacia un tercer destino o como única opción viable de
estabilidad geográfica y económica.
Este fenómeno podría agudizar los
desafíos ya existentes en la frontera dominico-haitiana y en comunidades
locales, especialmente en un contexto en el que República Dominicana mantiene
su propia presión migratoria irregular, tensiones sociales y recursos
institucionales limitados.
Impacto
económico y social anticipado
- Mayor
presión sobre los servicios públicos dominicanos, especialmente salud, educación y asistencia social,
en zonas fronterizas y urbanas vulnerables.
- Incremento
del trabajo informal
y competencia por empleos mal remunerados, generando fricciones entre
comunidades locales y migrantes.
- Posible
aumento de discursos políticos nacionalistas ante la percepción de una “carga” impuesta desde el exterior.
- Tensión
diplomática entre los
gobiernos dominicano y estadounidense si no se prevé un plan de apoyo
regional.
Ante este escenario, expertos en
relaciones exteriores sugieren la necesidad de:
- Establecer mecanismos de vigilancia migratoria
preventiva, en coordinación con organismos internacionales.
- Solicitar a EE. UU. información transparente sobre
los retornados haitianos y planes de asistencia.
- Activar foros multilaterales para exigir corresponsabilidad de la
comunidad internacional en el manejo de la crisis haitiana.
- Promover una estrategia nacional de contención
humanitaria y diplomática, con apego al derecho internacional y a
la soberanía nacional.
Frente a este nuevo capítulo, la
respuesta debe ser inteligente, coordinada y contundente, para proteger nuestra
soberanía sin perder de vista la dimensión humanitaria, y exigir que los costos
de esta crisis no recaigan nuevamente solo sobre los más cercanos.
Médico,
exdiputado, exvicepresidente del Parlamento Latinoamericano, analista en
relaciones internacionales
