Por el Doctor Ramón Ceballo
El
fideicomiso se ha convertido en una herramienta clave para la gestión de
recursos y la ejecución de proyectos tanto públicos como privados en la
República Dominicana. Esta figura legal y financiera permite que una persona,
conocida como fideicomitente, transfiera bienes, derechos o capital a otra,
denominada fiduciario, quien los administra con un propósito previamente
definido.
En el país, los fideicomisos están regulados por la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, promulgada en 2011, durante el mandato del presidente Leonel Fernández.
Desde entonces, esta
normativa ha permitido estructurar múltiples iniciativas vinculadas a vivienda,
infraestructura, energía y desarrollo social, consolidando al fideicomiso como
un instrumento versátil y cada vez más utilizado por el Estado dominicano para
impulsar el desarrollo económico y mejorar la eficiencia en la administración
de los recursos públicos.
Durante los gobiernos de Leonel Fernández se estructuraron fideicomisos
relevantes como el de la Autopista del Nordeste y
el Boulevard Turístico del Atlántico, mediante contratos de
concesión que buscaban mejorar la conectividad vial entre Santo Domingo y
Samaná. Asimismo, se formalizó el acuerdo con Aeropuertos
Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que cedía la administración de varios aeropuertos internacionales
al sector privado.
El Fideicomiso para el
Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Acceso a la Vivienda,
además de iniciarse la conceptualización del Fideicomiso
Ciudad Juan Bosch, uno de los proyectos habitacionales más
ambiciosos del país.
Los fideicomisos tienen múltiples usos, tanto en el ámbito público como
en el privado. Entre los más comunes destacan el desarrollo de proyectos
inmobiliarios, en especial los orientados a la vivienda de bajo costo; la
administración transparente de fondos públicos o privados; la constitución de
garantías de crédito para facilitar el financiamiento; la protección
patrimonial frente a riesgos legales o financieros; y la ejecución de obras de
infraestructura o programas sociales que requieren una gestión eficiente y
orientada a resultados.
Aunque muchos de estos instrumentos jurídicos y financieros se
desarrollaron con mayor alcance en gobiernos posteriores, varios fueron
previamente estructurados o impulsados desde la gestión de Fernández, como
parte de una visión orientada a modernizar la administración pública,
diversificar las fuentes de inversión y fomentar la colaboración entre el
Estado y el sector privado.
El fideicomiso se destaca por sus numerosas ventajas. Ofrece seguridad
jurídica, ya que los bienes que lo integran están protegidos de embargos y se
mantienen separados del patrimonio del fiduciario, lo que garantiza mayor
confianza para las partes involucradas. También promueve la transparencia
administrativa, ideal para proyectos de interés social, y posee una notable
flexibilidad para adaptarse a distintos fines, como viviendas, infraestructura
o inversiones estratégicas. A ello se suma la eficiencia en la gestión, al ser
administrado por entidades especializadas, y la confianza que ofrece a los
inversionistas al asegurar el cumplimiento de objetivos previamente
establecidos.
Sin embargo, no está exento de desafíos. Su estructura legal puede
resultar compleja y requiere asesoría técnica especializada, lo que puede
dificultar su implementación. Además, genera costos operativos por los
honorarios fiduciarios y la administración de los recursos.
Si no se cuenta con
mecanismos adecuados de control y supervisión, existe el riesgo de opacidad en el
manejo de fondos, lo que puede derivar en falta de transparencia o evasión de
responsabilidades públicas. También se ha señalado la dependencia del
fiduciario, que debe ser una entidad bien regulada y confiable, y la limitada
fiscalización en algunos fideicomisos públicos, lo cual abre espacios para
prácticas poco transparentes.
Durante los gobiernos del presidente Danilo
Medina (2012–2020), el fideicomiso se consolidó como un
instrumento esencial para la ejecución de políticas públicas. Entre los
principales fideicomisos creados o ejecutados en ese período destacan el Fideicomiso Ciudad Juan Bosch, orientado a viviendas de
bajo costo; el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado (FIDE).
Además, el Fideicomiso RD Vial, encargado de administrar ingresos
por peajes y expandir la red vial del país. También se implementó el Fideicomiso para la Construcción de Hospitales y Centros de Salud
(FIDESSA), que facilitó la modernización del sistema
hospitalario público; el Fideicomiso PRO-PYME /
MIPYMES, enfocado en el acceso al crédito para pequeñas y
medianas empresas; y el Fideicomiso del Proyecto
Domingo Savio, que permitió la reubicación y urbanización de
sectores vulnerables como La Ciénaga y Los Guandules.
Estos ejemplos reflejan cómo el fideicomiso, bien diseñado y
fiscalizado, puede ser una poderosa herramienta de desarrollo, capaz de
canalizar inversión, mejorar la calidad del gasto público y generar impacto
positivo en la vida de miles de ciudadanos.
