Por Dr. Ramón Ceballo
La República Dominicana ha arrastrado durante décadas una deuda social histórica, producto del abandono sistemático de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
La clase política, en gran medida, priorizó agendas económicas o clientelares, dejando a millones de dominicanos fuera del alcance de derechos fundamentales como salud, educación, alimentación, vivienda y empleo digno.
En este contexto, la llegada al poder del presidente Luis Abinader en agosto de 2020 significó un nuevo enfoque en la gestión pública, orientado a reducir la brecha de desigualdad y cumplir, aunque sea parcialmente, con los más olvidados por el sistema.
Su gobierno ha impulsado planes y programas sociales que buscan atender esa deuda histórica, con énfasis en la inclusión social, la ampliación de derechos y la inversión en el capital humano.
Estos programas no solo representan transferencias monetarias o acciones asistencialistas, sino que muestran un modelo de intervención social integral, destinado a cerrar brechas estructurales y dignificar la vida de millones de dominicanos.
Medidas sociales y expansión de servicios
La actual administración ha puesto en marcha iniciativas que combinan asistencia inmediata con inversiones de largo plazo. Entre las principales acciones destacan:
Tarjeta Doble: de 800 mil beneficiarios en 2020 a 1 millón 500 mil personas, con RD$1,500 mensuales, garantizando alimentos básicos a numerosas familias.
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Programa Nacional de Titulación: más de 2,000 títulos de propiedad entregados, brindando seguridad jurídica a familias que vivieron por décadas en la informalidad.
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UASD: expansión con tres nuevas ciudades universitarias y centros regionales, acercando educación de calidad a zonas marginadas.
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Comedores Económicos: de 10 en 2020 a 137 en 2024, con miles de raciones alimenticias diarias a bajo costo o gratuitas.
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INFOTEP: de 7 centros en 2020 a 51 en 2024, ampliando la formación técnico-profesional.
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ITLA: de 2 instalaciones en 2020 a 10, formando a jóvenes en innovación y tecnología.
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TRAE (Transporte Estudiantil): más de 1.8 millones de estudiantes beneficiados con transporte gratuito, aumentando la retención escolar.
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Supérate y Viviendas Solidarias: 55,000 soluciones habitacionales entregadas, beneficiando a más de 275,000 personas.
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SENASA: afiliación de más de 2.4 millones de dominicanos al sistema de salud pública.
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Programa 14-24: ha impactado a 19,200 jóvenes en riesgo social, insertándolos en la formación laboral.
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Pensiones solidarias: más de 80 mil envejecientes beneficiados, con incrementos de RD$2,000 a RD$10,000 mensuales.
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INABIE (PAE): alimentación escolar para 1.8 millones de estudiantes, profesores y personal en más de 5,000 centros educativos.
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Bonos sociales y estacionales:
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Bono escolar: 1 millón de estudiantes con útiles.
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Bono navideño: 3 millones de beneficiarios con RD$1,500.
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Bono de emergencia y bono madre: más de 1 millón de hogares atendidos.
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Resultados sociales y económicos
De acuerdo con datos oficiales y organismos internacionales:
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En 2023, la pobreza cayó a 23.0%, desde un 27.7% el año anterior, una reducción de 4.7 puntos porcentuales (Dominican Today).
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En 2024, el promedio anual llegó a 19.0%, con 413,686 personas saliendo de la pobreza (Ministerio de Economía).
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En el tercer trimestre de 2024, la pobreza se situó en 20.8%, lo que representa una disminución de 6.72 puntos porcentuales respecto a 2019 (Dominican Today).
Si bien los logros son palpables, el desafío de fondo sigue siendo garantizar empleo formal, acceso equitativo a servicios básicos y sostenibilidad en las políticas públicas.
El gobierno de Abinader ha marcado un paso importante en la reducción de la deuda social histórica, pero el reto es que estas transformaciones no sean logros temporales de una administración, sino políticas de Estado permanentes que cambien las bases de la exclusión social.
