Por Doctor Ramón Ceballo
Más
allá del debate binacional centrado habitualmente en la migración irregular,
existe una realidad creciente que merece mayor atención y es la inversión
formal, legal de ciudadanos haitianos en la República Dominicana.
He decidido abordar este tema porque estoy convencido que muy pocas personas hablan de la inversión haitiana en República Dominicana. Reconocer su existencia, su legalidad y su aporte al dinamismo de ciertos sectores es un paso necesario para construir una visión más equilibrada de las relaciones binacionales.
La
verdad es que en los últimos
años, se ha observado la creciente inversión de ciudadanos haitianos en
diversos sectores del país, amparado por el marco jurídico nacional, que ha
ganado visibilidad, extendiéndose a múltiples sectores de la economía y
transformándose en una expresión legítima con un
impacto tangible en la economía dominicana.
Amparados en La Ley de Inversión
Extranjera (Ley 16-95 promulgada durante el gobierno del presidente Joaquín
Balaguer, la cual establece que
ciudadanos de cualquier nacionalidad pueden invertir en el país sin
discriminación alguna; permitiendo la
libre transferencia de capitales, utilidades y repatriación de ganancias.
Esta Ley se complementa con el
Reglamento Migratorio, establecido en el (Decreto 631-11) promulgado durante el
gobierno del presidente Leonel Fernández, el cual prevé mecanismos claros para
que inversionistas extranjeros puedan regularizar su estatus a través de
visados especiales y permisos de residencia.
Es cierto que en el caso particular
de los haitianos, muchos empresarios y familias con capacidad económica acceden
a la residencia temporal o definitiva mediante procesos regulares, cumpliendo
con las exigencias de Migración, el Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana (CEI-RD), así como registros notariales, inscripción en la
Cámara de Comercio y presentación de estados financieros auditados.
A pesar de los
desafíos, los inversores haitianos particularmente quienes cuentan con capital
desde EE.UU./Canadá o representantes de empresas consolidadas como GB Group
están consolidando una presencia económica significativa en sectores clave de
la economía dominicana, tales como inmobiliarias en polos turísticos y
urbanos,
Además,
participación en sectores industriales, manufactura ligera, procesamiento de alimentos; emprendimientos
comerciales en zonas fronterizas,
participación
financiera en microempresas, a través de esquemas asociativos o de capital
semilla.
En los últimos años, se ha
identificado un dinamismo importante de empresarios haitianos con doble
nacionalidad o con estructuras familiares binacionales que canalizan
inversiones desde Puerto Príncipe, Miami o Montreal hacia Santiago, Santo
Domingo, Dajabón o Punta Cana.
La
firma del 'Pacto por Haití' en octubre de 2023 es un acuerdo regional suscrito
por varios países y organismos multilaterales,
reavivó el debate sobre la cooperación económica y los esfuerzos de
reconstrucción del vecino país.
En paralelo, ha servido de estímulo
indirecto para nuevas inversiones de haitianos en República Dominicana,
particularmente en iniciativas vinculadas al comercio binacional, logística,
agroindustria y turismo de salud.
No obstante, el crecimiento del
capital haitiano en el país no está exento de retos. Uno de los principales es
el clima social y político que, en algunos sectores, se torna hostil frente a
la migración haitiana, sin distinguir entre trabajadores irregulares y
empresarios formalizados.
A esto se suman complejidades
burocráticas en los procesos de residencia, barreras lingüísticas y culturales,
y una limitada articulación institucional binacional para fomentar el comercio
y la inversión de forma estructurada.
Por otro lado, persiste la necesidad
de mayor transparencia y trazabilidad en ciertos tipos de inversión que, por no
estar debidamente registrados, pueden generar suspicacias o dar lugar a
informalidad, incluso cuando el origen del capital es legítimo.
El desafío, sin embargo, no es menor
porque debe asegurar que el capital fluya con transparencia, donde el marco
legal se cumpla sin excepción, y las tensiones sociales no opaquen una
oportunidad de desarrollo compartido.
