Por Doctor Ramón Ceballo
Moverse por el Gran Santo Domingo se
ha convertido en una experiencia cada vez más difícil y desgastante. Los
tapones son parte del paisaje urbano y afectan directamente la productividad,
la salud mental y la calidad de vida de quienes habitan en la capital y sus
municipios aledaños.
Para la clase media, especialmente, el tránsito se ha vuelto un obstáculo cotidiano para cumplir con las responsabilidades laborales y familiares.
La verdad
es que uno de los principales factores que
agravan la congestión es la enorme cantidad de vehículos en circulación. Según
datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), más del 50% del
parque vehicular del país tiene más de 15 años de antigüedad, y una parte
considerable de estos se encuentra circulando precisamente en el Gran Santo
Domingo.
La falta de inspecciones técnicas
efectivas ha permitido que muchos de estos vehículos antiguos, en condiciones
deficientes, sigan operando. Estos autos no solo generan más emisiones
contaminantes, sino que, al sufrir frecuentes desperfectos, se convierten en
obstáculos en la vía, agravando los tapones.
Además, el bajo costo de adquisición
de vehículos usados importados ha estimulado su entrada masiva al país, sin un
acompañamiento de políticas de renovación ni de control del volumen vehicular
en áreas congestionadas.
Es cierto
que a esta situación se suma el crecimiento descontrolado del parque de
motocicletas, que ya supera los 2.5
millones de unidades en todo el país, con una gran concentración en la
capital. Aunque las motos representan una alternativa económica y rápida para
muchos trabajadores, también son protagonistas del caos urbano.
En Santo Domingo, miles de
motociclistas circulan sin respetar
señales de tránsito, sin casco, en vías contrarias, sobre aceras o entre
vehículos detenidos, generando situaciones de peligro constante tanto
para peatones como para conductores. Su alta siniestralidad, sumada al desorden
que provocan en intersecciones y corredores viales, empeora la fluidez del
tránsito.
La falta de regulación,
fiscalización y educación vial entre los motoconchistas y repartidores ha
convertido a las motocicletas en un factor de deterioro de la movilidad urbana y del orden público. Cualquier
política de tránsito que no contemple soluciones específicas para este sector
está condenada al fracaso.
Debo señalar
que Programas como “RD se mueve”
y los corredores de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
son pasos en la dirección correcta. Buscan racionalizar el uso de las avenidas
y fomentar el transporte colectivo. Sin embargo, estos esfuerzos deben
enmarcarse dentro de una visión de sistema integrado de transporte que
incluya metro, teleférico, autobuses, ciclovías y soluciones peatonales.
Pero la infraestructura, por sí
sola, no basta. Mientras no se adopten medidas más drásticas como:
- un plan de chatarrización de
vehículos obsoletos,
- un control riguroso de
emisiones,
- restricciones al uso de
vehículos privados en ciertas zonas y horarios,
- y la mejora radical del
transporte público, el caos seguirá imperando.
Un ejemplo evidente del uso inadecuado del espacio vial se observa en avenidas como la Rómulo Betancourt y la Sarasota, donde uno de los dos carriles suele estar ocupado por vehículos estacionados o puestos a la venta, reduciendo la capacidad de circulación y agravando los tapones.
A esto se suma el impacto de los colegios privados, particularmente en sectores céntricos como Naco, Piantini y Bella Vista. Muchas de estas instituciones han abandonado el uso del transporte escolar colectivo, lo que ha provocado que cientos de padres recurran al traslado individual en automóvil, saturando aún más las vías en las horas pico de entrada y salida escolar.
Este cambio ha tenido un efecto
desastroso en el tránsito: calles colapsadas a la hora de entrada y salida
escolar, doble y triple filas, vehículos estacionados en aceras y esquinas. Se
requiere que el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento del Distrito Nacional
promuevan o incluso regulen el retorno del transporte escolar institucional
como una forma de descongestionar la ciudad.
Si no se enfrentan las causas
estructurales de la congestión —el crecimiento desordenado del parque
vehicular, el auge desregulado de motocicletas, la falta de transporte público
eficiente y el desuso del transporte colectivo privado— la ciudad colapsará. No
es una exageración. Ya lo estamos viviendo.
El Gran Santo Domingo necesita un plan de movilidad urbana sostenible,
con incentivos para el uso de transporte público, regulaciones para vehículos
viejos, control del parque de motocicletas y una visión metropolitana que
articule a todos los municipios del Gran Santo Domingo.
La capital no puede seguir creciendo
sobre ruedas que ya no giran bien.
