Por Doctor Ramón Ceballo
La seguridad ciudadana en América
Latina es uno de los desafíos más persistentes y complejos que enfrentan los
países de la región. A pesar de avances democráticos y económicos en algunos
sectores, el flagelo de la violencia y la criminalidad continúa afectando
profundamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Según datos recientes, América Latina alberga aproximadamente el 8% de la población mundial, pero concentra más del 30% de los homicidios globales. Esta cifra revela una crisis estructural que trasciende lo policial: se trata de un fenómeno alimentado por múltiples factores sociales, institucionales y económicos.
La verdad es que América Latina, es una región
sitiada por el crimen organizado, donde la presencia de redes criminales transnacionales, como
carteles de droga, pandillas (maras) y mafias locales, han consolidado una
geografía del miedo en numerosos países.
Estas
organizaciones no solo trafican estupefacientes, sino que controlan
territorios, extorsionan comerciantes, reclutan jóvenes y, en muchos casos,
penetran las instituciones públicas mediante la corrupción.
En comunidades vulnerables, donde el
Estado brilla por su ausencia, estas estructuras criminales suplantan funciones
básicas. Ofrecen una forma de "protección", imponen reglas de
convivencia e incluso reparten beneficios. Así, para muchos jóvenes sin
oportunidades ni expectativas, el crimen se convierte en la única vía de
ascenso social.
América
Latina y el Caribe concentran 39 de las 50 ciudades más violentas del mundo,
según el índice anual publicado en 2024 por el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, de esas 39 urbes, 20 se encuentran en territorio
mexicano, lo que posiciona al país como el que más ciudades
aporta al ranking global de violencia urbana.
Cierto es que la desigualdad, la exclusión y
violencia son factores promotores de la inseguridad, pues esta no nace en el vacío. La falta de
oportunidades, la pobreza estructural y la profunda desigualdad social siguen
siendo el caldo de cultivo ideal para que la violencia eche raíces.
La
ausencia de políticas públicas sostenidas, el deterioro de la educación y la
precariedad laboral alimentan una sensación de abandono que, en muchos casos,
se transforma en violencia social o delictiva.
Uno de los grandes obstáculos para
combatir la inseguridad en América Latina es la debilidad institucional. Las
fuerzas policiales, en muchos países, carecen de la formación, los recursos y,
sobre todo, la legitimidad para cumplir su función de forma efectiva y respetuosa
de los derechos humanos.
A esto se suma un sistema judicial
lento, ineficiente y muchas veces corroído por la corrupción. El resultado es
un altísimo nivel de impunidad: gran parte de los delitos no son investigados
ni sancionados, lo que alimenta un círculo vicioso donde el crimen no tiene
consecuencias y la ciudadanía pierde la fe en la justicia.
Es muy
cierto que la República Dominicana
en comparación con algunos de sus vecinos latinoamericanos, no figura entre los
países con mayor índice de homicidios.
Según datos de organismos internacionales como
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, el Delito
y la Corrupción (UNODC), la tasa de homicidios en República Dominicana ha mostrado una tendencia a la baja en los
últimos años, situándose en torno a 9.6 homicidios por cada 100,000 habitantes
en 2024, muy por debajo del promedio regional, el cual es en América latina y
el Caribe de 20.2 por cada 100 mil habitantes, según Insight Crime.
No obstante, la percepción ciudadana
de inseguridad sigue siendo alta. La criminalidad común, como robos, asaltos y
violencia doméstica, se mantiene como una preocupación diaria.
La creciente influencia de
estructuras del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción policial
siguen siendo factores de alerta. Además, en zonas urbanas marginadas, la falta
de oportunidades y la escasa presencia institucional facilitan la expansión de
actividades ilícitas.
A pesar de que América Latina en su conjunto registra niveles alarmantes
de violencia, algunos países han logrado contener la criminalidad y avanzar
hacia modelos más eficaces de seguridad ciudadana. Estas naciones presentan
tasas de homicidios significativamente por debajo del promedio regional (que
ronda los 20.2 homicidios por cada 100,000 habitantes), y en varios casos,
muestran señales de fortalecimiento institucional y políticas de prevención
social.
Entre los países con índices más bajos de criminalidad de América Latina por cada 100,000 se destacan
·
Uruguay: 9,1, Chile: 4,6, Argentina: 5,3, Paraguay: 7,3, Perú: 7,7,
·
Bolivia: 6,3, Nicaragua: 6,7, El Salvador: 2,4 República Dominicana:
9.61.
Estos
países comparten, en distinta medida, una serie de factores clave que han
contribuido a la mejora de su seguridad ciudadana: instituciones más sólidas,
reformas policiales, inversión en educación y programas sociales focalizados.
En algunos casos, también han implementado estrategias de control territorial
más firmes.
La seguridad ciudadana en América
Latina no se resolverá únicamente con más patrullas o cárceles. Se requiere
voluntad política, inversión sostenida en el desarrollo humano y una mirada
estratégica que reconozca la seguridad como un derecho y no como una guerra.
Solo así los ciudadanos podrán volver a habitar sus territorios con confianza,
dignidad y paz.
