Quiero plantear hoy una discusión que considero fundamental para la sociedad dominicana:
¿De quién es realmente el dinero acumulado en los fondos de pensiones?
Es el dinero de los trabajadores. Es parte del salario que millones de dominicanos sacrifican hoy, obligatoriamente, pensando en tener una seguridad económica cuando llegue la vejez.
Pero aquí aparece una contradicción que debemos discutir.
Imaginemos a una trabajadora. Después de muchos años de trabajo, tiene cuatro millones de pesos acumulados en su fondo de pensiones.
Un día pierde su empleo. Se enferma. Ya no puede trabajar y tiene una familia que mantener.
Ella podría decir:
"Tengo cuatro millones de pesos ahorrados. No estoy pidiendo un regalo. Necesito disponer de una parte de mi propio dinero porque estoy atravesando una situación extraordinaria."
Y la respuesta del sistema sería:
"No. Ese dinero está destinado a su pensión."
Y quiero dejar algo claro: no estoy proponiendo que los trabajadores puedan retirar libremente sus fondos cada vez que tengan una dificultad. Eso podría poner en peligro el propósito fundamental del sistema previsional.
Pero entonces surge una pregunta inevitable:
Si el dinero está demasiado protegido para que ella pueda utilizarlo cuando está enferma, desempleada o enfrenta una emergencia familiar, ¿por qué ese mismo dinero sí puede ser colocado en inversiones empresariales que implican determinados riesgos?
Ahí está el verdadero debate.
Porque al trabajador se le dice:
"Su dinero no está disponible porque tenemos que protegerlo para su futuro."
Pero ese patrimonio puede ser canalizado hacia instrumentos financieros, fideicomisos, proyectos inmobiliarios, emisiones de empresas y otras actividades de inversión.
Entonces tenemos que preguntar:
¿Quién decide dónde se coloca ese dinero?
¿Con qué criterios?
¿Qué riesgos se están asumiendo?
¿Qué garantías existen?
¿Quién responde si una inversión fracasa?
Y, sobre todo:
¿El trabajador sabe realmente dónde está invertido su dinero?
El trabajador no escogió libremente entrar al sistema. Su aporte es obligatorio.
Por eso existe una diferencia fundamental entre un inversionista privado que voluntariamente coloca su dinero en una empresa y un trabajador cuyos recursos son administrados dentro de un sistema previsional obligatorio.
Quien administra esos recursos no está administrando dinero propio.
Está administrando el fruto de décadas de trabajo de millones de personas.
Por eso necesitamos transparencia, prudencia, diversificación, evaluación independiente del riesgo, garantías suficientes y rendición de cuentas.
Ahora bien, tampoco quiero que se interprete esto como una posición contra los empresarios o contra la inversión privada.
Invertir los fondos de pensiones en empresas o proyectos productivos no es necesariamente malo. Una inversión segura, rentable y transparente puede beneficiar directamente a los afiliados y contribuir al crecimiento económico.
El problema no es que el dinero se invierta.
El problema es cómo se invierte, dónde se invierte, cuánto riesgo se asume y si existe equilibrio entre el riesgo que asume el trabajador y la rentabilidad que recibe.
Porque aquí aparece una cuestión de justicia económica:
¿Puede el trabajador asumir un riesgo que él mismo no autorizó mientras otros sectores tienen acceso a ese capital para desarrollar sus negocios?
Pensemos nuevamente en Doña Consuelo.
Ella quiere comprar una vivienda para dejarles algo a sus hijos. Tiene dinero acumulado, pero no puede disponer de él.
Sin embargo, mediante diferentes mecanismos financieros, sus recursos pueden contribuir al financiamiento de proyectos inmobiliarios.
Es decir, hipotéticamente, Doña Consuelo podría terminar contribuyendo con sus propios ahorros al financiamiento de una actividad empresarial que posteriormente le vende una vivienda.
Y esto no significa afirmar que exista ilegalidad.
La pregunta es mucho más profunda:
¿Dónde está el trabajador dentro de esa ecuación?
¿Es solamente quien aporta el dinero?
¿O es también el principal beneficiario y tiene derecho a conocer, vigilar y exigir explicaciones sobre el destino de sus recursos?
Porque los fondos de pensiones no son dinero abstracto.
Es el salario que un trabajador dejó de consumir hoy para poder sobrevivir mañana.
Por eso debemos preguntarnos si estamos administrando esos recursos con el mismo nivel de prudencia con que cada trabajador administraría sus propios ahorros.
Si Doña Consuelo tuviera cuatro millones de pesos y alguien quisiera invertirlos por ella, seguramente preguntaría:
¿Qué garantía tengo?
¿Quién responde?
¿Cuánto voy a ganar?
¿Qué pasa si la empresa quiebra?
¿Dónde está mi dinero?
Esas mismas preguntas deben ser respondidas cuando se administran los fondos de millones de trabajadores.
Y aquí está el punto central de mi planteamiento:
Si mi dinero no puede ser utilizado por mí cuando estoy enfermo, desempleado o enfrentando una emergencia familiar porque es demasiado valioso y debe protegerse para mi jubilación, entonces tampoco puede ser colocado en inversiones de riesgo sin garantías suficientes, sin transparencia y sin explicarme por qué esa inversión protege mi futuro.
Ese es el debate que debemos abrir.
No se trata de estar contra una persona.
No se trata de estar contra una empresa.
No se trata de estar contra los empresarios.
Se trata de estar a favor del trabajador.
Los fondos de pensiones pueden y deben contribuir al desarrollo económico del país. Pero la finalidad última de esos recursos debe ser garantizar la seguridad económica de quienes los producen.
Por eso el trabajador tiene derecho a preguntar:
¿Dónde está mi dinero?
¿Quién lo administra?
¿En qué se invierte?
¿Qué riesgos estoy asumiendo?
¿Qué garantías existen?
Y finalmente:
¿Quién se está beneficiando de los frutos de mi esfuerzo?
Responder estas preguntas no es atacar el sistema.
Es fortalecerlo.
Porque detrás de cada peso acumulado en los fondos de pensiones hay un trabajador, una familia y una vida de esfuerzo.
Y ese dinero merece respeto.
