Santo Domingo, R.D. — El exdiputado doctor Ramón Ceballo condenó de manera categórica la sentencia judicial que pretende despojar al Estado dominicano de terrenos ubicados dentro del Parque Nacional Jaragua, advirtiendo que se trata de una decisión que amenaza gravemente el patrimonio ambiental, jurídico y soberano de la nación.
Ceballo afirmó que guardar silencio ante este tipo de decisiones equivale a ser cómplice, ya que se pone en riesgo uno de los espacios naturales más valiosos del país y se abre un precedente peligroso para todo el sistema de áreas protegidas.
El exlegislador recordó que el Parque Nacional Jaragua forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, creado originalmente mediante la Ley 67-74, y actualmente amparado por la Ley 202-04 de Áreas Protegidas, la cual establece que estos territorios son inalienables, imprescriptibles y de dominio público.
Asimismo,
señaló que la Constitución
dominicana, en su artículo 66, reconoce el derecho colectivo a un medio
ambiente sano y obliga al Estado a proteger los recursos naturales
estratégicos.
“Pretender transferir terrenos dentro de
un parque nacional a intereses privados viola abiertamente el marco constitucional y legal vigente, y
sienta un precedente que pone en peligro no solo al Parque Nacional Jaragua,
sino a todas las áreas protegidas del país”, expresó.
Ceballo subrayó que el Parque Nacional
Jaragua posee un valor ecológico
excepcional, es clave para la biodiversidad del Caribe y resulta
estratégico para el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible del
suroeste dominicano. Por ello, advirtió que cualquier intento de apropiación privada constituye una amenaza directa
al interés nacional y a las futuras generaciones.
En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, a
la Procuraduría General de la
República y a las instancias jurídicas del Estado a agotar todos los recursos legales necesarios para
revertir la sentencia y defender sin ambigüedades el patrimonio público.
Asimismo, exhortó a la sociedad civil, a las organizaciones
ambientalistas y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y a
denunciar cualquier acción que pretenda legitimar la depredación ambiental o la
especulación inmobiliaria en zonas protegidas.
“El Parque Nacional Jaragua no se vende ni se negocia. Callar ante este despojo sería traicionar la Constitución y el futuro del país.”
