Por Doctor Ramón Ceballo
En gran parte del mundo, la salud mental y emocional ha dejado de ser un
tema marginal para convertirse en una urgencia social evidente. Los cambios estructurales, económicos y
sociales de las últimas décadas, junto a los impactos de la pandemia de
COVID-19, han puesto de manifiesto un desafío que afecta a miles de familias y
que exige una respuesta colectiva mucho más robusta.
En la República Dominicana, la salud mental y emocional se ha consolidado como una urgencia social que ya no puede seguir relegada. Detrás de los discursos sobre bienestar y desarrollo humano, los datos revelan una realidad preocupante que afecta de manera directa a millones de personas y que tiene implicaciones profundas en la convivencia social, la productividad y la cohesión familiar. Con una población estimada de 11.5 millones de habitantes, la magnitud del problema es innegable.
De acuerdo a las informaciones de la Organización
Mundial de la Salud, y con estimaciones del Ministerio de Salud Pública
(MSP), mas del 20 % de la
población dominicana ha presentado o presenta algún trastorno de salud mental,
lo que equivale a más de 2.3
millones de personas.
Esta cifra confirma que los trastornos
mentales no constituyen un fenómeno marginal, sino una ampliamente extendida
que atraviesa distintos grupos sociales y etarios.
Entre los trastornos más prevalentes se
encuentra la ansiedad, considerada el principal problema de salud
mental en el país. Según datos del MSP, la ansiedad afecta aproximadamente
al 5.7 % de la población,
lo que representa unas 655,500
personas. Este trastorno suele manifestarse de forma persistente y
silenciosa, afectando la capacidad de concentración, el desempeño laboral y las
relaciones interpersonales.
En segundo lugar se sitúa la depresión,
con una prevalencia estimada del 4.7
% de la población, es decir, alrededor de 540,500 dominicanos y dominicanas. La depresión
concentra cerca de una cuarta parte del total de los trastornos mentales
identificados y constituye una de las principales causas de discapacidad
emocional. Su impacto se agrava cuando no es diagnosticada ni tratada a tiempo,
y mantiene una estrecha relación con conductas suicidas.
Otros trastornos de alto impacto
incluyen el trastorno bipolar, cuya prevalencia internacional se
sitúa entre 1 % y 2 % de la
población. Aplicando estos rangos al contexto dominicano, se estima que entre 115,000 y 230,000 personas
podrían vivir con esta condición, caracterizada por cambios extremos del estado
de ánimo y una elevada carga familiar y social.
El insomnio representa
otro desafío significativo. Aunque no siempre se clasifica como trastorno
mental independiente, se estima que entre el 10 % y el 15 % de la población, es decir, entre 1.15 y 1.72 millones de personas,
experimenta dificultades persistentes para dormir.
El insomnio actúa como un factor de
riesgo directo para la ansiedad, la depresión y el deterioro de la salud
emocional.
Los trastornos del espectro psicótico, como la
esquizofrenia y psicosis afines, presentan una prevalencia estimada de 0.7 % a 1 %, lo que equivale a entre 80,500 y 115,000 personas. Aunque
menos frecuentes, generan un alto impacto sanitario, social y económico, y
requieren atención especializada continúa.
Finalmente, un componente menos visible,
pero igualmente relevante, es el trastorno de estrés postraumático
(TEPT). En República Dominicana, el MSP reconoce esta condición como un
problema asociado a experiencias traumáticas, como violencia, accidentes,
desastres naturales o crisis sanitarias, aunque no existen estadísticas nacionales oficiales que midan su prevalencia en
la población general.
Esta ausencia de datos no implica baja
incidencia; por el contrario, la evidencia internacional señala que el TEPT
suele estar sub diagnosticado y frecuentemente coexiste con ansiedad, depresión
e insomnio, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la investigación
epidemiológica y la atención especializada.
El gasto público en Salud Mental
se mantiene por debajo del 1 % del presupuesto de salud, muy por debajo de las
recomendaciones internacionales, que proponen entre 5 % y 10 %. Esta brecha en
la inversión limita seriamente la disponibilidad de servicios especializados y
el acceso a tratamientos adecuados para quienes más lo necesitan.
Esta realidad exige respuestas integrales que combinen educación,
políticas públicas, inversión sostenida y un cambio de percepción colectiva.
Frente a este panorama, la salud mental
y emocional debe asumirse como una prioridad nacional. Superar el estigma,
ampliar la inversión pública y garantizar el acceso oportuno a servicios
especializados no es solo una responsabilidad del Estado, sino un compromiso
colectivo.
Ignorar esta realidad tiene un costo
humano que la República Dominicana ya no puede permitirse.
