Por Doctor Ramón Ceballo
En la República Dominicana, el alto número de
embarazos en adolescentes revela múltiples problemáticas sociales, educativas y
de salud pública que se encuentran profundamente interconectadas y que
requieren atención urgente.
El país enfrenta una combinación particularmente alarmante, elevadas tasas de embarazo adolescente y una prevalencia de problemas de salud mental en una población que supera el 20 %, según estimaciones nacionales e internacionales. Esta doble realidad no puede seguir analizándose por separado.
El embarazo en adolescentes no ocurre en un vacío emocional; se
desarrolla en una sociedad donde la salud mental continúa siendo una deuda
histórica del sistema público.
Una parte significativa de estos embarazos se
concentra en zonas fronterizas y en provincias con altos índices de pobreza y
desigualdad, lo que evidencia una relación directa entre precariedad social,
falta de oportunidades y maternidad temprana.
A ello se suman que provienen de familias disfuncionales que trae como
resultados limitaciones económicas, baja escolaridad de las familias y escaso
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, factores que dificultan
seriamente la prevención y el acompañamiento adecuado de las adolescentes.
La adolescencia es una etapa crítica del desarrollo
psicológico y neurológico. La regulación emocional, el control de los impulsos
y la toma de decisiones aún se encuentran en proceso de maduración. Precipitar
la maternidad en este período incrementa de manera significativa el riesgo de
trastornos mentales.
Estudios internacionales estiman que una de cada cinco mujeres
experimenta algún trastorno de salud mental durante el período perinatal, pero
más del 50 % no recibe diagnóstico ni tratamiento oportuno. Cuando se trata de
adolescentes, este subregistro y abandono son aún mayores.
La realidad es que la adolescente embarazada enfrenta más que una mujer adulta depresión perinatal, trastornos de ansiedad, pánico y trastorno obsesivo-compulsivo, condiciones para las cuales no están emocional ni socialmente preparadas, además, riesgos físicos (eclampsia, parto prematuro) bebé (bajo peso), y no cuenta con una red de apoyo formal y suficientemente robusta dirigida específicamente a las adolescentes embarazadas.
En casos menos frecuentes, pero de extrema gravedad, aparece la psicosis
posparto, una condición que puede poner en riesgo la vida de la madre y del
recién nacido. En un país con servicios de salud mental limitados,
centralizados y con bajo presupuesto,
Durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron 11,961 embarazos
en adolescentes, incluyendo más de 600 casos en niñas menores de 15 años. Estas
cifras, aunque muestren reducciones marginales, siguen siendo inaceptablemente
altas.
Detrás de cada número hay historias marcadas por vulnerabilidad
emocional, pobreza, violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono escolar y
ausencia de redes de apoyo. En un contexto donde uno de cada cinco dominicanos
presenta síntomas de ansiedad, depresión u otros trastornos mentales, las
adolescentes parten en clara desventaja.
El problema se profundiza porque la respuesta
institucional sigue siendo parcial y tardía. El sistema de salud dominicano
continúa abordando el embarazo adolescente casi exclusivamente desde una
perspectiva biomédica, centrada en el control prenatal, mientras la salud
mental perinatal no forma parte estructural del acompañamiento.
No existe un seguimiento psicológico sistemático antes, durante ni
después del embarazo, a pesar de la elevada carga de trastornos mentales no
atendidos en la población general.
A esto se suma la exclusión educativa. Una proporción
significativa de la deserción escolar femenina está directamente vinculada a la
maternidad temprana. Al abandonar la escuela, muchas adolescentes quedan
atrapadas en un ciclo de dependencia económica, informalidad laboral y
relaciones de pareja desiguales o violentas, factores que deterioran aún más su
salud mental y limitan cualquier posibilidad real de movilidad social.
Hablar de embarazo adolescente en la República
Dominicana exige reconocer que estamos ante una emergencia de salud mental dentro
de otra emergencia mayor. No basta con reducir cifras reproductivas, se
requieren políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencia que
articulen educación sexual, prevención de la violencia, permanencia escolar y
atención psicológica oportuna.
Ignorar esta realidad no es neutral, porque la ausencia de políticas
públicas también enferma.
