Por Doctor Ramón Ceballo
La violencia de las pandillas, la fragilidad del Estado, el desplazamiento de la población y la desconfianza hacia las autoridades nacionales e internacionales mantienen al país en una de las situaciones más graves de su historia reciente.
La crisis haitiana ha dejado de ser
exclusivamente un problema de seguridad. Se trata de una emergencia
multidimensional en la que convergen la expansión de organizaciones criminales,
el debilitamiento de las instituciones, la pobreza, la vulnerabilidad
humanitaria y la incapacidad del sistema político para garantizar condiciones
mínimas de gobernabilidad.
Mientras la población enfrenta diariamente el miedo, el desplazamiento y la pérdida de sus medios de subsistencia, las respuestas nacionales e internacionales continúan generando interrogantes sobre su eficacia.
Las cifras reflejan la gravedad de
la situación. Entre 2021 y 2025 se han registrado aproximadamente 20,128
muertes violentas y 6,654 secuestros, de acuerdo con datos atribuidos a
organismos internacionales y otros registros.
Es importante precisar que no todas
esas muertes pueden atribuirse directamente a las pandillas, pues incluso se
relacionan con operaciones policiales, enfrentamientos con grupos de
autodefensa y la intervención de otros actores armados. Sin embargo, el
conjunto de estos hechos evidencia el deterioro de la seguridad y la capacidad
del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Las pandillas haitianas no son
movimientos políticos ni organizaciones sociales. Son estructuras criminales
con capacidad armada, control territorial y mecanismos de extorsión, secuestro
y violencia. Su expansión ha provocado desplazamientos masivos y ha colocado en
situación de extrema vulnerabilidad a mujeres, niños, envejecientes y
comunidades enteras.
Los testimonios de ciudadanos
describen asesinatos, agresiones sexuales, ataques con machetes y hechos de
violencia contra personas indefensas, incluidos menores de edad. Detrás de cada
denuncia hay familias que han perdido sus hogares y viven expuestas a nuevos
episodios de terror.
Pero las denuncias de la población
van más allá de la violencia de las pandillas. Algunos testimonios ciudadanos
señalan presuntos vínculos entre dirigentes criminales, sectores del poder
político y antiguos funcionarios que todavía ocupan posiciones dentro del
Estado.
Se cuestionan cómo estas organizaciones consiguen
armas, municiones y recursos para mantener su capacidad operativa. Se afirma
que parte de ese armamento ingresa por puertos, aduanas y fronteras, espacios
que se encuentran bajo responsabilidad de las autoridades estatales.
Estas son acusaciones graves que
deben ser investigadas de manera independiente y con pruebas. No obstante, lo
cierto es que la crisis de Haiti plantean una cuestión fundamental. ¿Cómo pueden las pandillas conservar el
control de territorios y mantener un suministro constante de armas y municiones
mientras se desarrollan operaciones nacionales e internacionales para
combatirlas?
Por esa razón, una estrategia
concentrada exclusivamente en atacar a los grupos armados, sin investigar y
desmantelar las redes que presuntamente los abastecen, financian y protegen,
difícilmente podrá ofrecer una solución duradera.
La lucha contra estas organizaciones exige
identificar a quienes les proporcionan recursos, determinar por dónde circulan
las armas y establecer las responsabilidades de los actores políticos,
económicos o institucionales que pudieran facilitar sus operaciones. Ignorar
esas estructuras no solo limita los resultados, sino que puede incrementar los
riesgos para los efectivos desplegados en el terreno.
La respuesta internacional tampoco
ha logrado despejar las dudas. Después de meses de presencia y esfuerzos de
cooperación, la población haitiana reclama resultados verificables.
La desaparición de cuatro técnicos
salvadoreños, ocurrida durante una semana en la que se reportaron alrededor de
160 muertes violentas en distintas comunidades, volvió a poner en evidencia la
inseguridad que enfrentan tanto los ciudadanos como quienes participan en las
misiones de apoyo.
Asi mismo se han señalado pérdidas humanas
entre los efectivos kenianos desplegados en el país. Estos acontecimientos
obligan a revisar las condiciones operativas, la coordinación y la eficacia de
los mecanismos internacionales.
A ello se suma la desconfianza hacia
las autoridades haitianas y hacia los procesos de negociación impulsados desde
el exterior. Algunos ciudadanos sostienen que no puede construirse una solución
efectiva mientras persistan las sospechas de complicidad entre sectores del
poder y las organizaciones criminales.
Igualmente cuestionan la prolongada
ausencia de elecciones y la falta de una renovación institucional legitimada
por la voluntad popular. Tales señalamientos deben ser examinados con
responsabilidad, pero no pueden ser ignorados si se pretende recuperar la
confianza pública.
En ese contexto, los testimonios
recogidos hacen un llamado a escuchar a la población movilizada y respaldar las
iniciativas haitianas que reclaman una transformación política. Uno de los
expositores identifica al partido BIAP como una fuerza emergente y afirma que
está integrado por más de cien periodistas que conocen y analizan la realidad
del país.
Esa valoración corresponde a la
perspectiva del declarante; lo fundamental es que cualquier salida debe
incorporar la participación de la ciudadanía, sus organizaciones sociales y sus
demandas de justicia, seguridad y renovación institucional.
Para la República Dominicana, la
situación representa un desafío directo de seguridad nacional. Sin embargo,
esto no significa que el país deba involucrarse directamente en acciones
armadas dentro del territorio haitiano.
Su contribución debe concentrarse en
la cooperación de inteligencia, el intercambio de información, el apoyo
logístico y la coordinación operativa contra las redes criminales, siempre
dentro del marco de la legalidad y de los mecanismos de cooperación
internacional.
La expansión de las pandillas, el
tráfico de armas y drogas y la posibilidad de que la violencia traspase las
fronteras requieren vigilancia y respuestas coordinadas.
Haití necesita mucho más que nuevas
declaraciones y promesas de intervención. Necesita seguridad para sus
ciudadanos, instituciones legítimas, justicia, elecciones libres y mecanismos
efectivos de rendición de cuentas.
La comunidad internacional debe
comprender que no basta con perseguir a quienes empuñan las armas. Es
indispensable investigar a quienes presuntamente las suministran, financian y
protegen.
La salida debe construirse con la
participación del pueblo haitiano y con el compromiso de recuperar la autoridad
legítima del Estado. Solo así podrá comenzar a restablecerse la confianza,
detenerse la expansión criminal y abrirse un camino hacia la estabilidad.
La prioridad debe ser devolverles a
los haitianos el derecho a vivir sin miedo y a decidir libremente el futuro de
su país.
