Por el Dr. Ramón Ceballo
En las aulas dominicanas ocurren situaciones que no siempre se reflejan en las calificaciones ni en los informes disciplinarios. Detrás de un estudiante que pierde el interés por aprender, una niña que llora con frecuencia o un adolescente que responde con agresividad, puede existir una dificultad emocional que necesita atención.
No toda conducta problemática constituye un trastorno mental, pero tampoco debe interpretarse automáticamente como indisciplina.
El profesor ocupa una posición privilegiada para advertir cambios en el comportamiento, el rendimiento académico y las relaciones sociales de sus alumnos. Sin embargo, observar una señal de alerta no significa conocer su causa. El desafío consiste en aprender a distinguir cuándo una dificultad requiere orientación, acompañamiento familiar o evaluación profesional.
La salud mental es parte fundamental del proceso educativo. La ansiedad, la tristeza persistente, el acoso escolar, los conflictos familiares y otras experiencias adversas pueden afectar la concentración, la motivación y la convivencia. Cuando estas situaciones se ignoran, el estudiante corre el riesgo de ser etiquetado como perezoso, problemático o desobediente, sin que se examine lo que podría estar experimentando.
En República Dominicana, la dimensión del problema exige prudencia y mejores estadísticas. El Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022 recogió estimaciones anteriores según las cuales alrededor del 20 % de la población presentaba trastornos mentales. Esta cifra constituye una referencia histórica, no una medición actual definitiva. Asimismo, un estudio realizado con 268 estudiantes de 11 a 17 años en Villa Sombrero, Baní, encontró que el 26,8 % obtuvo puntuaciones en el rango anormal de la escala de síntomas emocionales. Aunque el hallazgo merece atención, sus resultados corresponden a una comunidad específica y no pueden extrapolarse a todos los estudiantes del país.
¿Qué puede hacer un docente? Observar cambios persistentes, escuchar sin humillar, registrar hechos relevantes y comunicar las preocupaciones al personal de orientación y psicología escolar. Su responsabilidad no es diagnosticar ni tratar trastornos, sino reconocer señales que ameritan atención y activar los procedimientos correspondientes. Cuando un estudiante expresa deseos de hacerse daño o manifiesta intención suicida, la respuesta debe ser inmediata, mediante los protocolos de protección y emergencia.
La responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre el maestro. El Ministerio de Educación cuenta con iniciativas como el Centro de Atención Psicoemocional (CAPEM) y anunció en agosto de 2026 una modificación de la proporción de atención de psicólogos y orientadores, de uno por cada 300 estudiantes a uno por cada 150. Estos esfuerzos deben traducirse en cobertura efectiva, personal disponible y atención oportuna. Para comprobar sus resultados, es necesario evaluar la implementación, los tiempos de respuesta y las necesidades que todavía permanecen desatendidas.
La escuela necesita capacitación docente, protocolos claros, prevención del acoso, coordinación con las familias y mecanismos de derivación hacia los servicios de salud. También requiere estadísticas nacionales actualizadas que permitan diseñar políticas basadas en evidencia y evaluar sus resultados.
Educar implica enseñar, establecer límites y formar ciudadanos, pero también reconocer la dignidad y las necesidades de cada estudiante. La disciplina es necesaria; la humillación y el prejuicio no lo son.
Castigar sin escuchar puede agravar una dificultad. Escuchar, orientar y facilitar la ayuda adecuada puede cambiar el rumbo de una vida. La escuela dominicana no tiene que convertirse en un centro clínico, pero sí debe aprender a reconocer cuándo un estudiante necesita ayuda y contar con un sistema capaz de responder.
