Por Ramón Ceballo
En un contexto regional marcado por
el avance del crimen organizado, el incremento de la corrupción y el uso de
dinero ilícito para influir en la vida pública, la República Dominicana
enfrenta riesgos que ya no pueden ignorarse.
La infiltración criminal en los partidos políticos es hoy una de las amenazas más subestimadas de las democracias contemporáneas. No se trata de un peligro remoto; es un fenómeno en expansión, sofisticado y cada vez más difícil de contener.
Su presencia dejó de operar en la
sombra. Se integra en estructuras formales, se reviste de liderazgo comunitario
y aprovecha debilidades institucionales para asentarse. Si no se enfrenta con
firmeza, puede erosionar los cimientos del sistema democrático y comprometer la
integridad del proceso político.
Desde hace décadas observo este
fenómeno en espacios internacionales, académicos y partidarios. En 2005,
durante la XXII Convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), advertí
sobre la necesidad de evaluar a quienes aspiraban a posiciones internas
mediante expedientes claros y pruebas antidopaje.
Fue mi condición para respaldar la
candidatura del doctor Virgilio Bello Rosa. Aquella advertencia no era
paranoia, era prevención. Hoy, las señales de penetración son imposibles de
ignorar.
En todos los foros donde se discute
este tema, la conclusión es la misma; para
el crimen organizado, influir en la política es más rentable que cualquier
operación ilícita. Controlar un partido, financiar un candidato o
capturar una alcaldía garantiza impunidad, acceso a recursos públicos y dominio
territorial.
Los riesgos para la democracia son
múltiples, pero cinco dimensiones resultan críticas:
1.
Distorsión de la voluntad popular
Cuando las candidaturas se compran y
los dirigentes vulnerables son cooptados, la democracia se convierte en un
mercado. El mérito y la trayectoria quedan desplazados por el dinero ilícito.
2.
Financiamiento ilegal y desigualdad electoral
El dinero narco aplasta la
competencia legítima. Desbalancea campañas, elimina liderazgos auténticos y
abre espacio a quienes buscan el poder para proteger intereses criminales.
3.
Captura institucional
Municipios, aduanas, puertos y oficinas
públicas se convierten en extensiones de redes criminales cuando estas logran
infiltrarse. Allí donde el crimen captura poder, destruye la institucionalidad.
4.
Desconfianza ciudadana
La percepción de que “todo está
negociado” desalienta la participación, debilita la confianza en el voto y
erosiona silenciosamente la democracia.
5.
Conversión de la política en plataforma criminal
Cuando estructuras delictivas
financian campañas, desplazan a líderes auténticos y transforman el servicio
público en un mecanismo para lavar dinero o facilitar operaciones ilícitas.
La infiltración no ocurre por azar.
Entra por grietas específicas del sistema político, y esas grietas deben
cerrarse.
La primera batalla se libra en el financiamiento
político. Mientras el dinero ilícito pueda entrar sin trazabilidad,
cualquier reforma será insuficiente. El país necesita que cada contribución se
registre en el sistema bancario, auditorías de ingresos y gastos antes y
después de cada elección y la prohibición de aportes anónimos o en efectivo que
faciliten operaciones opacas.
La transparencia debe dejar de ser
un ideal y convertirse en norma.
A esto debe sumarse un régimen
severo de sanciones, capaz de inhabilitar automáticamente a cualquier
candidatura financiada con recursos ilícitos. La democracia no puede permitir
que representantes de intereses criminales compitan por el poder. Impedir la
entrada es más eficaz que castigar cuando el daño ya está hecho.
En segundo lugar, el país necesita
una Ley de Integridad de Candidatos. Este marco debe exigir verificación
rigurosa del patrimonio, antecedentes penales y fiscales y el historial
financiero de todo aspirante. No puede ser un trámite burocrático: debe ser un
proceso técnico, profundo y obligatorio.
La experiencia internacional
demuestra que la infiltración comienza donde el Estado es más débil: municipios
pequeños, zonas fronterizas y territorios empobrecidos. Allí, una
evaluación especial de riesgo no es opcional: es esencial. Cuando un alcalde es
financiado por redes criminales, la comunidad entera queda bajo un poder
paralelo.
Los partidos no son meros
espectadores. Aunque también son víctimas, representan la principal puerta de
entrada para el crimen organizado. La falta de controles internos, auditorías
patrimoniales y mecanismos de selección rigurosos facilita la penetración.
Es
imprescindible que adopten:
- Comités de evaluación de
candidaturas.
- Auditorías periódicas del
patrimonio de dirigentes.
- Canales de denuncia protegidos.
- Sanciones inmediatas para
quienes faciliten o encubran estas prácticas.
Sin estos controles, cualquier
reforma externa será insuficiente.
El país necesita instituciones especializadas, como
fiscalías electorales y fiscalías contra la infiltración criminal en política,
con independencia presupuestaria y capacidad técnica para investigar
financiamiento ilícito, vínculos societarios, patrimonios inexplicables y
captura institucional.
La tecnología debe ser aliada
estratégica. La digitalización de registros financieros y electorales permite
generar alertas tempranas sobre donaciones sospechosas, triangulación de fondos
o crecimiento patrimonial injustificado. Sin tecnología, se lucha a ciegas.
La sociedad también debe asumir un
rol activo. Proteger denunciantes y periodistas, promover la educación cívica y
fortalecer observatorios ciudadanos son pasos esenciales para construir
instituciones inmunes a la opacidad. La oscuridad es el hábitat del crimen
organizado; la transparencia, su peor enemigo.
Combatir la infiltración criminal no
es un asunto policial ni un debate jurídico. Es una lucha por preservar el
contrato social. La democracia se debilita cuando el crimen la financia, se
corrompe cuando la captura y se derrumba cuando la sustituye.
La República Dominicana debe actuar
ahora. La amenaza está aquí, avanza en silencio y no espera. Ignorarla podría convertirla en un
daño irreversible.
