En los últimos días se ha
popularizado la narrativa acerca de la expresión "ley mordaza"
para referirse a las iniciativas destinadas a regular determinadas conductas en
las plataformas digitales.
La frase ha ganado espacio en las
redes sociales y en el debate público, pero conviene preguntarse si esa
denominación describe objetivamente el contenido de la propuesta o si responde
a una narrativa construida para influir en la percepción de la ciudadanía.
Calificar una norma como "ley mordaza" implica atribuirle, desde el principio, la intención de censurar y restringir la libertad de expresión. Sin embargo, el debate de fondo es mucho más complejo.
La libertad de expresión constituye
uno de los pilares esenciales de toda democracia, pero, como cualquier otro
derecho fundamental, no es absoluta. También deben protegerse el honor, la
dignidad, la intimidad y el buen nombre de las personas.
El problema aparece cuando la
libertad es utilizada como escudo para la difamación, la calumnia, la injuria,
el chantaje o la desinformación deliberada. En esos casos ya no se ejerce un
derecho legítimo, sino que se lesionan derechos igualmente protegidos por la
Constitución y el ordenamiento jurídico.
Las redes sociales han democratizado
la comunicación y ampliado la participación ciudadana, lo que representa un
avance indiscutible. No obstante, también han servido de escenario para quienes
han convertido la difamación sistemática y el chantaje comunicacional en un
modelo de negocio.
La difusión de informaciones falsas
y las campañas destinadas a destruir reputaciones han dejado de ser hechos
aislados para convertirse en un problema que afecta la convivencia democrática.
Regular esos excesos no significa
impedir la crítica. En una democracia, toda persona tiene derecho a cuestionar
las decisiones de los gobernantes, denunciar irregularidades y expresar
opiniones sobre los asuntos públicos.
Lo que ninguna legislación democrática protege
es el derecho a fabricar acusaciones, atribuir delitos sin pruebas o utilizar
las plataformas digitales para extorsionar o desacreditar a terceros.
También es necesario reconocer que
la respuesta del Estado frente a este fenómeno ha sido insuficiente. La falta
de acciones oportunas ha generado la percepción de que la difamación y la
desinformación pueden ejercerse sin consecuencias, favoreciendo un clima de
impunidad que termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Toda libertad implica
responsabilidad. Cuando desaparecen las normas que sancionan el abuso, la
libertad deja de servir al interés colectivo y puede convertirse en un
instrumento para vulnerar los derechos de los demás. La verdadera democracia no
consiste en permitir cualquier conducta, sino en garantizar que las libertades
individuales se ejerzan dentro del marco constitucional y con respeto a la
dignidad humana.
El debate, por tanto, no debería
plantearse entre libertad de expresión y censura. La verdadera discusión
consiste en encontrar un equilibrio entre el derecho de todos a expresarse
libremente y el derecho de cada persona a proteger su honra, su reputación y su
buen nombre.
La democracia se fortalece cuando
las libertades van acompañadas de responsabilidad, cuando el Estado garantiza
el debido proceso y cuando el ordenamiento jurídico protege, al mismo tiempo,
la libre circulación de las ideas y los derechos fundamentales de quienes
pueden ser víctimas de la difamación y el chantaje.
Solo ese equilibrio permitirá
construir una sociedad más libre, más justa y más respetuosa del Estado de
derecho.
